La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el juez federal Daniel Ramírez Peña resolvió “el sobreseimiento absolutamente ilegal y abusivo en contra del Estado mexicano y de sus bienes en el caso del Viaducto Bicentenario, y recordó que en junio de 2023 emitió una aberrante sentencia absolutoria, al dejar en libertad al ex magistrado Isidro Avelar –acusado de tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)– y no procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.

El Ministerio Público Federal expuso que el año pasado, al resolver un caso en contra del ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, inculpado por enriquecimiento ilícito, el juez Ramírez Peña esgrimió en contra de jurisprudencia expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llegó al extremo de manifestar que era respetable que los jueces realicen actos ilícitos, siempre y cuando sea en el marco de su vida personal.

Sobre el caso de Isidro Avelar, señalado de tener nexos con el CJNG, la FGR mencionó que el 29 de junio de 2023, este mismo juez dictó sentencia absolutoria en favor de un magistrado de circuito a quien se le seguía juicio por enriquecimiento ilícito, en la causa penal 519/2019, en materia federal.

Avelar Gutiérrez, quien se desempeñó como magistrado de circuito, fue destituido de su cargo en el Poder Judicial Federal.

Daniel Ramírez Peña absolvió a Avelar Gutiérrez del delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la FGR, luego de que en 2019 fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el CJNG.

En ese caso, el juez Ramírez Peña dijo que el ilícito no lo cometió Avelar Gutiérrez en la función pública, sino en su vida personal, por lo que no encuadraba en el delito de enriquecimiento ilícito.

La FGR resaltó que ahora, en el caso del Viaducto Bicentenario, al juez Daniel Ramírez Peña ya se le siguen todos los procedimientos legales para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la nación.

Ayer, la institución que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero señaló que Ramírez Peña cometió una injusticia y llegó a un extremo verdaderamente inconcebible, ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos con los cuales se imputaría la comisión de delitos a cuatro ex funcionarios del estado de México por la concesión del Circuito Bicentenario a la empresa Aleatica (antes OHL México), lo que generó un daño patrimonial de 8 mil millones de pesos, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado mexicano.