Madrid. La política española está inmersa en una serie de escándalos. El más reciente afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), cuyo cargo es cuestionado por la situación fiscal de su pareja, el empresario Alberto González Amador, sometido a una inspección por sospechas de haber cometido un fraude de más de 350 mil euros.

El caso abierto contra la pareja de Díaz Ayuso está en fase inicial, es decir, los fiscales presentaron la denuncia ante un juez, basándose en un informe de los técnicos de la Agencia Tributaria, y ahora el magistrado de turno deberá decidir si abre un proceso judicial, que sería de carácter administrativo al tratarse de una falta de fraude fiscal a través de las sociedades mercantiles que tiene a su nombre.

El empresario investigado fue uno de los grandes beneficiados de los contratos públicos durante la pandemia del covid-19, por la compra de cubrebocas, si bien él siempre actuó como intermediario de empresas privadas. Un caso parecido al del hermano de Díaz Ayuso, que fue investigado por comisiones ilegales tanto por la fiscalía española como por la europea, pero finalmente se archivó su caso.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, exigió hasta en cuatro ocasiones la dimisión de Díaz Ayuso por este caso, en una sesión de control del gobierno en el Parlamento, en la que la oposición lo acorraló por el otro gran caso de corrupción que afecta de forma directa a su administración y a su actuación durante la pandemia.

El PP contratacó con una denuncia contra Sánchez por conflicto de interés, al no abstenerse en el rescate millonario público que aprobó su gobierno en beneficio de la empresa Globalia y Air Europa, con la cual su esposa, Begoña Gómez, mantiene una relación laboral.

Adelantan elecciones en Cataluña

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, anunció el adelanto de las elecciones autonómicas en la región, que se celebrarán el próximo 12 de mayo.

Adoptó la decisión de forma urgente y ante el fracaso en las negociaciones para sacar adelante los presupuestos del gobierno, que sólo contaron con los apoyos de su propio partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Ni Junts per Catalunya (JxCat) ni En Comú Pódem aceptaron apoyar la iniciativa.