El pasado 28 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la propuesta de Janine Otálora, de abrir un catálogo que sirviera como insumo para la calificación de la elección presidencial, en el cual se puntualizaran las infracciones del mandatario Andrés Manuel López Obrador. En su lugar, por mayoría de tres votos contra dos, se creó una base de datos en la que estén todos los sujetos sancionados, cuya acción impacte en los comicios de los tres niveles de gobierno.

El jefe del Ejecutivo acusó al Poder Judicial no sólo de planear la nulidad de la contienda del 2 de junio, sino de afectar su libertad de expresión, su derecho de réplica.

Consultada al respecto, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, señaló que si bien existe ese derecho, también hay restricciones para todos los servidores públicos.

Bueno, la libertad de expresión por supuesto que se valora en esta institución, pero quienes somos servidores públicos tenemos algunas restricciones, que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, sino con las responsabilidades que tenemos como servidoras y servidores públicos, y eso aplica para todos, incluso para las magistradas y magistrados.

Subrayó que el Tribunal no es un actor político ni está en campaña.

No le debemos a nadie. Ya lo decía aquí una compañera, no le debemos el cargo que estamos desempeñando a nadie, comentó a la periodistas reunidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En la mesa estuvo acompañada de la ex consejera electoral, Adriana Favela.