Almoloya de Juárez, Méx., Cuatro ex funcionarios del gobierno del estado de México, así como tres directivos y ex ejecutivos de la empresa Aleática, antes OHL México, comparecieron ayer ante un juez del penal federal del Altiplano, donde escucharon la imputación hecha por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en los delitos de explotación ilegal de un bien público y asociación delictuosa, amparados en una concesión ilegal, en el caso del Viaducto Elevado Bicentenario, en la carretera México-Querétaro.

La causa tiene antecedentes en la lucha jurídica emprendida desde hace más de 10 años por el abogado Paulo Díez Gargari, quien ha sostenido que el Viaducto Bicentenario forma parte de la autopista México-Querétaro, de jurisdicción federal, argumento que fue validado en 2023 por un juez de amparo.

En su segundo citatorio, por la causa penal 372/2023, el ex secretario general de gobierno Ernesto Nemer; el ex secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez, así como el ex director de Aeropuertos, Autopistas y Servicios conexos en la entidad Alberto Tomás Angulo Lara, y Jorge Joaquín González Becerril, director de la Junta de Caminos durante el sexenio de Alfredo del Mazo Maza (2017-2023), acudieron ante el juez para conocer la imputación que pesa en su contra.

Lo mismo ocurrió con los ex directores de OHL México, hoy Aleática, Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo Monroy y el actual presidente del consejo directivo de esta empresa, Rubén Gerardo López Barrera, quienes son considerados coautores materiales de dichos delitos.

La FGR señaló que Aleática ha operado y explotado la vialidad denominada Viaducto Elevado Bicentenario, la cual corre en un segundo piso de la carretera México-Querétaro, en su tramo de Naucalpan a Tepotzotlán, desde hace más de 15 años, amparado en una concesión ilegal que expidió el gobierno del estado de México.

A decir de la fiscalía, el gobierno estatal no tenía ni tiene facultades para expedir una concesión sobre un bien público de la nación, como es la autopista México-Querétaro, pues esto sólo compete a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En 2008, el gobierno del estado, entonces a cargo del priísta Enrique Peña Nieto (2005-2011), entregó un título de concesión a OHL para construir, operar, conservar y explotar el segundo piso del Periférico Norte de Naucalpan a Tepotzotlán, bajo un supuesto acuerdo suscrito en mayo de 1983.

Según el acuerdo, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, entregó al gobierno mexiquense la vialidad en cuestión; sin embargo, durante la investigación que hizo la FGR, el convenio no obra ni en archivos del gobierno del estado ni de la SICT.

Sólo encontraron el acta de entrega del ramal Ceylan-Vallejo; pero éste no corresponde al trayecto donde se construyó el viaducto elevado.

En la indagatoria se pudo conocer que la SCT sólo dio facultades al gobierno estatal en materia de tránsito sobre el tramo Toreo, en Naucalpan, a Tepotzotlán; no obstante, nunca le facultó para entregar concesiones para la explotación de la vialidad.

En 2011, la propia SCT notificó al gobierno mexiquense que el tramo de Naucalpan a Tepotzotlán era de jurisdicción federal, por lo que era un bien público de la nación, lo que a decir de la FGR dejaba en claro que la administración estatal no podía concesionar este tramo a ningún particular.

La fiscalía indicó que en octubre de 2020, el gobierno de Alfredo del Mazo trató de maquillar la legalidad de la concesión otorgada a OHL, mediante un convenio de coordinación y colaboración de acciones con la SICT, y el documento fue firmado por el entonces secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer; el secretario de Movilidad, Luis Limón; el director de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos, Tomás Angulo Lara, y por Jorge González Bezares, como director de la Junta de Caminos, lo que les hizo incurrir en explotación ilegal de un bien público y asociación delictuosa.

Además, a González Bezares se le imputa también el ilícito de usurpación de funciones, pues él había renunciado al cargo de director de la Junta de Caminos estatal el 30 de septiembre, un día antes de la firma del documento.

La FGR solicitó al juez vincularlos a proceso, y los defensores de los acusados pidieron que ayer mismo se resolviera la situación jurídica de sus representados, aun cuando el propio togado verbalizó en la audiencia que la formulación de imputación hecha por el Ministerio Público había sido deficiente.

El juez decretó un receso para escuchar los argumentos de la defensa sobre las imputaciones hechas a sus clientes y al cierre de esta edición aún no se tomaba ninguna determinación sobre los acusados.