Por afectar la libertad de expresión, un juez federal ordenó al ex gobernador de Durango José Rosas Aispuro reparar el daño provocado al periodista Iván Soto Hernández, quien denunció haber sido víctima de amenazas por parte del ex mandatario estatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó ante el juzgador el abuso de autoridad previsto y sancionado por el Código Penal estatal, de Rosas Aispuro, quien al momento de los hechos era gobernador constitucional.

El presente caso deviene de los hechos en que el ex funcionario llamó al periodista para advertirle que se generarían consecuencias jurídicas en su contra por el ejercicio libre de su profesión y por su exigencia de justicia para su hija menor.

Una vez que se efectuó el proceso en su contra y que se agotaron las diversas etapas del procedimiento penal, el juez resolvió el caso partiendo de la aceptación de los hechos por los que se formuló la acusación; de esa manera, ordenó a Rosas Aispuro la reparación integral del daño, tomar cursos en materia de libertad de expresión y nuevas masculinidades para garantizar la no repetición de los hechos y la comprensión de la dimensión y alcances de los derechos, así como la emisión de una disculpa pública como medida de satisfacción de la dignidad de la víctima.

De la misma forma, tendrá que sujetarse a la supervisión del juzgado por seis meses, tiempo en el que deberá mantenerse alejado de la víctima y de su domicilio.

La FGR ejerció la facultad de atracción a que se refiere el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales por considerar como parte de su política atender aquellos casos en que una autoridad local estuviese involucrada en hechos criminales. Además, se aplicó una resolución con perspectiva de género por los alcances de las expresiones del imputado respecto de los familiares de la víctima.