A pesar de la oposición del PAN, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados insistirán en discutir esta semana la minuta que tipifica como delito y sanciona con prisión de seis años la imposición de las denominadas terapias de reconversión sexual.

Se trata de una reforma a la Ley General de Salud, que impone una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, pero en el caso de los padres que obliguen a sus hijos a acudir este tipo de tratamientos sólo prevé una amonestación o apercibimiento, a criterio del juzgador.

El asunto fue incluido en la sesión del miércoles como de urgente resolución, ya que se trata de una minuta con vencimiento obligatorio impuesto por la Suprema Corte al Legislativo. No obstante, Morena acusó que se sacó de la agenda por presiones del coordinador panista Jorge Romero. Los cambios ya se avalaron en el Senado y falta la Cámara de Diputados. El tipo penal que se busca imponer es contra quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las sanciones serían del doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad, también cuando quien cometa el delito tenga con la víctima alguna relación que implique subordinación con el afectado. De igual forma, si se trata de un funcionario público y si se emplea violencia física, sicológica o moral en contra de la víctima.

Las sanciones serían aplicables además a las personas profesionales, técnicas o auxiliares relacionadas con las prácticas médicas de reconversión sexual.