Buenos Aires., La ciudad de Rosario, Santa Fe, se veía ayer desolada, como si se hubiera ordenado un estado de sitio, sin transporte y sin clases después de cuatro asesinatos cometidos por presuntos sicarios del narcoterrorismo en los últimos cinco días, ante lo cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada de su par de Defensa, Luis Petri, se trasladó al lugar y junto con el gobernador, Maximiliano Pullaro, anunció que el gobierno nacional enfrentará al narco, para lo cual se creó un Comité de Crisis.

Sostuvo que se pidió a la justicia la aplicación de la ley antiterrorista, el despliegue de fuerzas federales y el apoyo logístico de las fuerzas armadas, y que se trabaja en un proyecto de ley antimafia a la italiana.

Después de matar a dos taxistas, un chofer de autobús y un joven trabajador, que nada tenían que ver con el narcomenudeo, uno de los sicarios dejó un papel, escrito a mano, en el cual advertía que si perseguían a sus familias, iban a matar a inocentes, y estos asesinatos fueron como el sello de lo que iba a continuar.

Si se aplica la ley antiterrorista, la ministra indicó que según el artículo 14 del Código Penal, toda acción que tenga objetivo amedrentar y sembrar terror en la sociedad tendrá una doble pena, y añadió: “vamos a pedir a la justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos, para trabajar contra los narcocriminales terroristas”.

Son varias las propuestas de Bullrich, quien se inclina por la llamada línea dura, desconociendo elementos claves de la Constitución y de derechos humanos, incluso en la imposición de un protocolo de seguridad que no avala ninguna organización internacional que, además, le advierten sobre la ilegalidad de sus términos.

En este caso preocupa el uso del término terrorismo, ya que favorece endurecer la represión e incluso puede llegar a calificar de violenta una marcha, un piquete, o perseguir a los mapuches, en el sur, a quienes considera terroristas sólo por defender las escasas tierras que les van quedando ante los extranjeros, que ya se han apoderado de buena parte del territorio patagónico.

Este año la ministra envió la gendarmería a Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, tras un pedido de ayuda por la situación violenta que ya se vivía por los encuentros de las bandas narcotraficantes, nunca tan grave como en estos momentos. La población se quejaba en esos momentos de que subían al transporte público y revisaban los documentos como en tiempos de la dictadura (1976-1983).

Bullrich también se refirió a la ley Rico, una norma federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos cometidos en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, que incluye fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales y lavado de dinero, entre otros. Y permite, si se combinan dos de los delitos poder avanzar e ir contra todos los miembros de la organización, sostiene un artículo de Página/12.

En el caso de la legislación italiana, propone que sean condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente, o acepten favores, aun sin dinero de por medio.

Convocan a personal de la policía en retiro

En tanto, el gobierno de Santa Fe convocó a personal retirado de la policía para ayudar en la custodia de escuelas, hospitales y otros edificios públicos. Bullrich aseveró que si la justicia la autorizaba a la utilización de la ley antiterrorista, apuntará contra los sicarios y el lavado de dinero, por lo que impulsarán un nuevo paquete de normas.

En tanto, el presidente Javier Milei cesó al secretario de Trabajo, Omar Yasín, por haberle subido el sueldo a él y a todo su gabinete en medio del ajuste a trabajadores y jubilados. He despedido al secretario de Trabajo, por este error (haber aumentado los sueldos a las autoridades superiores de la administración pública). Esto fue aclarado en enero, cuando el consenso era que todos teníamos que tener los sueldos congelados, dijo en entrevista para La Nación Mas.

De este modo, el mandatario ultraderechista culpó al ahora ex funcionario por la polémica surgida el fin de semana al descubrirse que, mediante un decreto del 29 de febrero pasado, se había aumentado el sueldo 48 por ciento desde enero. Sin embargo, no explicó por qué decidió responsabilizar a Yasín del error del aumento de salarios para todo el gabinete cuando, en principio, el decreto 206/24 del 29 de febrero pasado sólo está firmado por él mismo y por el jefe de gabinete, Nicolás Posse.

En una carta dirigida al Pueblo de Dios con ocasión de la Cuaresma, los obispos de Merlo-Moreno, Juan José Chaparro y Oscar Miñarro, lamentaron que los responsables del gobierno nacional sólo se preocupen de que cierren las cuentas y no miren a los hermanos heridos por las medidas que se van tomando. El documento, que también lleva la firma del Equipo de Pastoral Social y de Caritas de la misma diócesis, señala que el tiempo litúrgico de la Cuaresma nos pide esta conversión de cuidar la vida, algo que atañe también y especialmente a aquellos que tienen la responsabilidad institucional de conducir los destinos de la patria y de nuestro pueblo.