Buenos Aires., El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció ayer el envío de fuerzas federales a Rosario, en el centro del país, para combatir al narcotráfico, tras cuatro asesinatos de civiles en los últimos días, perpetrados por narcoterroristas, según el Ejecutivo, medida que fue respondida con cacerolazos en esa ciudad portuaria.

Tras un pedido del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la policía federal, la gendarmería nacional, la prefectura naval, la policía de seguridad aeroportuaria y el servicio penitenciario asistirán a la policía de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico, publicó en la red social X la oficina del mandatario.

Milei escribió en su cuenta de X que el gobierno se enfrenta a “un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”. No vamos a dejar de perseguirlos porque sabemos que son ellos o nosotros, advirtió el presidente ultraderechista.

La medida, rechazada anoche con cacerolazos y en redes sociales, incluye el envío de las fuerzas armadas para brindar apoyo siempre dentro de los términos de la ley de seguridad interior, de acuerdo con la misma fuente.

Si bien las fuerzas armadas no pueden intervenir de manera directa, la excepción que contempla la legislación es cuando participan para apoyar las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones.

Violencia en Argentina

El anuncio del gobierno tiene lugar tras una serie de hechos de violencia en esta ciudad ubicada junto al río Paraná, 300 kilometros al norte de Buenos Aires y la tercera en tamaño de Argentina con 1.3 millones de habitantes, donde dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana.

Los ataques del narco responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia.

Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar de terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían: celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel, aseveró el gobierno provincial ayer.

En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota en la que aclararon que esta no es una guerra por territorio, sino contra Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

También reclamaron por los derechos de los presos bajo la amenaza de matar a más inocentes. Queremos ver a nuestros hijos y familia y no vamos a negociar nada, advirtieron en la carta.

En dos meses de gestión, Pullaro ha recibido 25 amenazas que atribuye a su política de mano dura en la ciudad con la peor tasa de homicidios a nivel nacional: 22 por cada 100 mil habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional.

El gobernador santafesino busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y el martes difundió imágenes de presos tratados en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del que utiliza el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El gobierno de Santa Fe anunció una recompensa de 11 mil 800 dólares a quien dé información para dar con los responsables de los recientes crímenes.