En el proceso electoral en curso, se han incrementado las peticiones de los contendientes al Instituto Nacional Electoral (INE) para que retire materiales de los adversarios difundidos en redes sociales, principalmente, aspecto que se afianza como parte de la estrategia de lucha política.

Datos del árbitro muestran que en 2023 se dispararon las peticiones de bajar piezas, pues en 2018 hubo 305 solicitudes de este tipo (medidas cautelares), y en 2023, mil 279. En el primer bimestre del año en curso el acumulado ya estaba en 212.

Si bien la mayoría de los trámites al final son declarados improcedentes, los partidos no cejan, incluso a sabiendas de que el criterio del INE suele ser confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por ejemplo, en 2021, el instituto recibió 261 solicitudes de medidas cautelares y, tras diversos análisis y filtros, la Comisión de Quejas y Denuncias, integrada por tres consejeros, sólo declaró la procedencia de 59. En 2023, con un boom de asuntos, se recibieron mil 279 requerimientos del mismo tipo de los que los consejeros declararon válidos apenas 111; en tanto, este año ya van 212 solicitudes y únicamente 18 han resultado procedentes.

El camino de las inconformidades es el siguiente: se ingresan en el INE y la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) determina si abre el expediente; en su caso, envía los proyectos de resolución a la Comisión de Quejas, para que emita, si así lo considera en un análisis preliminar, las citadas medidas cautelares.

A su vez, esa investigación de la UTC es enviada al TEPJF, instancia que resuelve de fondo los asuntos y fija multas o responsabilidades.

Las principales quejas de los partidos hacia sus adversarios se relacionan con presuntos actos anticipados de campaña, empleo indebido de recursos públicos o mal uso de la pauta (el tiempo gratis en radio y televisión a que tienen derecho los partidos), así como vulneración a la Constitución por servidores públicos, entre otras. De igual manera, se quejan de que el opositor los calumnió.

Y en ese mar de quejas, la UTC rompió récord el año pasado, al abrir mil 377 expedientes de todo tipo. Sin embargo, esta unidad no sólo abre procedimientos ordinarios o especiales, sino que también hace otras indagatorias; por ejemplo, analiza la legalidad de los supervisores y capacitadores que recorren las calles en busca de quienes serán los funcionarios de casilla el 2 de junio.