En este proceso electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avizora una marea alta de impugnaciones, al estimar que recibirán 18 mil asuntos relacionados con inconformidades durante los tres meses de campañas y posterior al día 2 de junio.

Sí estamos previendo un alto número, pues se ha hecho un estudio evolutivo, histórico acerca de la posibilidad de contiendas que podrían llegar a la sala superior y en general a las salas regionales, advirtió el magistrado Felipe Fuentes Barrera.

Recordó que a partir del arranque del proceso electoral federal el 7 de septiembre del año pasado, han recibido ya casi 4 mil asuntos y han resuelto 3 mil 700, lo que representan 92.5 por ciento; eso habla de que tenemos que trabajar contrarreloj en los órganos electorales.

Fuentes señaló que el tribunal es un órgano jurisdiccional activo en todo momento, pues resuelve una gran cantidad de impugnaciones incluso en años no electorales.

Cifras del TEPJF indican que 92 por ciento de las resoluciones se cumplen de manera efectiva, lo cual revela que se acatan las decisiones de la máxima instancia electoral que validará las elecciones de este año, a pesar de que carece de herramientas normativas para imponer el cumplimiento de sus fallos, lo cual debería llevar a los legisladores a establecer mecanismos que nos permitan brindar de mejor manera el cumplimiento de nuestra obligación de justicia completa.

El magistrado agregó que los ciudadanos esperan imparcialidad en las resoluciones y que se hagan más fuerte en estos momentos, que se blinde totalmente la independencia y autonomía de sus juzgadoras y de sus juzgadores.

Destacó que es importante que el TEPJF comunique sus sentencias con un lenguaje ciudadano y, en general, que realice una comunicación que genere presencia, pero también confianza pública, porque en este mundo globalizado existen campañas de desinformación en las redes sociales que buscan polarizar al electorado, por lo que representa un gran reto a nivel mundial y en la sociedad mexicana, pues 85 por ciento de los ciudadanos considera que la desinformación es una amenaza real y grave que puede tener un impacto e influencia en el resto de los electores.