El juzgado quinto de distrito en el estado de Morelos concedió la protección de la justicia a una mujer de 74 años, a quien su ex concubino trata de despojar de 50 por ciento de sus tierras.

Una togada consideró que la autoridad agraria vulneró los derechos de la quejosa como ejidataria y copropietaria de unas parcelas que posee en la entidad.

Al resolver un amparo, la juzgadora determinó que la negativa de la medida cautelar solicitada por la promovente para que se le permita seguir cosechando sorgo en la tierra que defiende es ilegal, ya que la autoridad agraria no visibilizó las asimetrías de poder entre la pareja, lo que trasgrede los derechos de la mujer rural, al no haberse juzgado con perspectiva de género.

Recursos heredados

En un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se informó que la jueza señaló que la quejosa, además de ser adulta mayor, se dedicó a la crianza de seis hijos y a la siembra de sorgo, precisamente en la parcela que adquirió en forma conjunta con su ex concubino, donde ella aportó la mitad del precio, con dinero que recibió por herencia.

Sin embargo, debido a que en el tiempo que se hizo la compra las mujeres no podían llevar a cabo actos de comercio sin la autorización de su marido o pareja, la tierra quedó a nombre del concubino, de lo cual no se enteró la quejosa, ya que por usos y costumbres, el tema relativo al patrimonio correspondían al jefe de familia.

La jueza Martha Eugenia Magaña López determinó que el tribunal unitario agrario distrito 49 del estado de Morelos debe analizar la solicitud de medida cautelar planteada por la quejosa no sólo considerando la mayoría de edad de ambos contendientes, sino también atendiendo a las visibles desigualdades de género que ponen a la mujer en franca desventaja con su ex pareja en el juicio agrario de origen.

Asimismo, la impartidora de justicia exigió a la delegación del Registro Agrario Nacional de Morelos abstenerse de inscribir, enajenar o realizar algún acto jurídico sobre el terreno y su certificado.

La jueza ordenó también al Tribunal Unitario Agrario que conceda las medidas precautorias solicitadas respecto a la parcela y que analice el caso con perspectiva de género y de adultos mayores con enfoque en la mujer rural, violencia patrimonial y económica; además, que el Registro Agrario Nacional se abstenga de enajenar o llevar a cabo cualquier acto jurídico de la tierra que le corresponde.