Nezahualcóyotl, Méx., Durante poco más de dos décadas, la normalista Sofía Jasso se esmeró en su labor docente, e incluso fue reconocida por las autoridades educativas. Sin embargo, una caída en el salón de clases y cuatro intervenciones de cirugía mayor la tienen hoy con discapacidad motora. A sus 64 años, su ánimo ha decaído; requiere una silla de ruedas para movilizarse y cree que morirá sin ganar su batalla legal en exigencia de una pensión justa, conforme a derecho.

Sofía Jasso es parte de la estadística de más de 5 mil casos que incluye a docentes, policías y otros servidores públicos a quienes el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) les niega, atrasa o no reconoce su derecho a la jubilación, a ser pensionista al enviudar, por enfermedad o accidente de trabajo.

La maestra Sofía no oculta la desesperación que la agobia. Desde hace 22 años percibe una pensión equivalente a 53 por ciento de su salario, a pesar de que existe un dictamen de medicina del trabajo que certifica su discapacidad motora a consecuencia del trabajo del servicio docente.

Vaya aquí o allá, me dicen, y francamente ya estoy cansada. Aunque tengo toda la documentación para demostrar que mis lesiones de columna ocurrieron en horas de trabajo, en el Issemym sólo se ríen de mí, afirmó.

La vecina de Jocotitilán, quien durante 20 años dos meses y dos días laboró en diversas escuelas de nivel básico en municipios de la zona norte de la entidad, durante un tiempo salió a las calles para marchar y protestar exigiendo sus derechos, pero en los últimos meses su salud empeoró y ya no sale porque no puede caminar.

Esta situación me trae muy mal. Solicité una enfermera, un auto para discapacitados o una ambulancia para mis traslados a consulta de especialidad en Toluca, pero el Issemym no le ha respondido.

El 18 de octubre pasado acudió a la primera audiencia pública que ofreció la gobernadora Delfina Gómez, quien atendió ese día durante más de 15 horas a la población en el patio central del palacio de gobierno mexiquense.

Jasso expuso su caso a la mandataria, quien ordenó revisar su expediente y exigió una respuesta.

Al principio empezaron a movilizarse; no obstante, al paso del tiempo nada procedió y todo sigue igual. Hubo cambio de gobierno, pero el personal del Issemym sigue siendo el mismo de los gobiernos priístas pasados. Al respecto, la profesora Leticia Miranda, quien encabeza al Movimiento de Jubilados y Pensionados del Issemym, asegura que en la dependencia no hay compromiso de las autoridades, y hay al menos 5 mil trabajadores afectados por actos de negligencia, prepotencia y corrupción de quienes deberían hacer valer y cumplir los derechos laborales de sus afiliados.