n 1965, Norman Morrison, un hombre profundamente religioso (cuáquero), colocó a su pequeña hija a distancia segura, saltó el muro que protege el Pentágono y justo debajo de la ventana de la oficina del secretario de Defensa se roció gasolina y se prendió fuego. El secretario McNamara pudo verlo en llamas y morir frente a él. Tres millones de vietnamitas también murieron, así como 58 mil soldados estadunidenses, y hace apenas unos días un militar de ciberinteligencia de la aviación estadunidense, Aaron Bushnell, se vio compelido a hacer algo semejante, pero ahora frente a un nuevo y distinto centro de poder militar, la embajada de Israel en Washington.

Mientras las llamas lo envuelven, grita su negativa a ser cómplice de la guerra y repite varias veces Palestina libre hasta que, vencido por el fuego, cae al suelo. Para no pocos religiosos y militares estadunidenses convencidos de la dualidad Bien-Mal es sumamente perturbador aparecer colocados como parte fundamental y responsable del espectáculo diario de cadáveres de niños y jóvenes, mujeres y niñas destrozados sin misericordia con armas y aviones estadunidenses mientras el gobierno israelí no hace el menor caso a los tibios llamados de Biden para que no hiera a los civiles. Pero aparte de la creciente inquietud militar por el papel asignado como subordinados defensores de Israel, también está el creciente rechazo civil al presidente Biden, sobre todo entre la juventud y minorías, y ya es posible afirmar que no le ganará al arrollador empuje de Trump que sólo una acción legal podrá detener (y eso sería sumamente conflictivo).

Todo esto sólo empeorará el estado anímico de nuestros vecinos si ven que su nuevo presidente resulta ser un personaje que ha sido declarado culpable ya en el primero de una serie de juicios que hoy tiene que enfrentar, incluso de promover un golpe de Estado.

Este clima álgido ya crea turbulencias en México y en la relación bilateral. Un clima crispado que hace que resalten mucho más los temas complicados en México –como la irresuelta cuestión de Ayotzinapa–. En el encuadre ético-político mexicano, a diferencia del estadunidense, arreglar el pasado para poder avanzar al futuro es una cuestión muy perturbadora y problemática. Entrampados y sin poder/querer resolver a fondo lo que ocurrió hace 10 años genera perturbaciones por todos lados, porque no se puede dejar sin resolver algo tan grave como la participación del Estado, en concreto del Ejército, en esa desaparición.

No hacerlo confirma que no se ha dejado ni se dejará atrás la historia de ya casi un siglo de hostilidad contra estudiantes y maestros cuando demandan y se movilizan, pero además se volverá patente que en educación tampoco se resolvieron demandas históricas y algunas elementales de las y los estudiantes (derecho a la educación, gratuidad, autonomía, cancelación de evaluaciones discriminatorias y dejar de impulsar la comercialización del conocimiento), y que, por el contrario, en la nueva Ley General de Educación Superior, el Estado y las instituciones de enseñanza quedan más blindadas frente a los reclamos de alumnos. Si todavía en los años del neoliberalismo la constitución declaraba sin más el derecho a la educación, a la gratuidad y no tenían respaldo legal alguno las evaluaciones discriminatorias y la comercialización del conocimiento, lo que antes era derecho amplio ahora se ha reducido a lo que determine cada escuela, y lo que estaba fuera de la legalidad tiene el respaldo de la ley.

En adición, el impulso a un nuevo tipo de educación superior (del bienestar) sin mecanismos de democracia interna reducen la validez del concepto y el espacio de universidades democráticas y propician la despolitización. Que el gobierno de Oaxaca haya impedido que la nueva Universidad Comunal (UACO) fuera plenamente autónoma es un ejemplo y tiene un efecto muy negativo en México, país de una tradición antidemocrática de siglos y además con una educación de tendencia autoritaria. Poner el diseño de la legalidad de la enseñanza desde 2018 en manos de una alianza que incluía al PAN, al PRI y hasta Tv Azteca creó un marco legal antidemocrático y opresivo para maestros y estudiantes. Con todo esto, en la educación actual no hay futuro si no se rompe con esa alianza. Se critica a esas fuerzas pero éstas ya fueron incluidas en el proyecto desde 2018.

Los jóvenes de Ayotzinapa iban a protestar contra la historia de represión cuando fueron atacados y desaparecidos, por eso la primera señal de que México comienza a cambiar debe incluir la solución a Ayotzinapa y acabar con ese pacto trenzado con el pasado represivo, corrupto y antidemocrático que armó la legalidad actual en educación. Acá no necesitamos hombres en llamas, pero sí mujeres y hombres electos que se decidan a cambiar al país.

* UAM-X

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