Residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo presentaron una queja administrativa en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en contra del alcalde, Mauricio Tabe, luego de que en el informe de la cuenta pública 2022 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la alcaldía infringió la normativa en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios y obra pública, por lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 22 millones 650 mil 700 pesos, que representó 41 por ciento de la muestra auditada.

Aunque en el apartado Consideraciones para el seguimiento la ASF dio un plazo de 30 días para que la alcaldía presente información y realice las consideraciones que estime pertinentes, los residentes Ulises Labrador, Gustavo García y Cecilia Vadillo, entre otros, solicitaron a la Contraloría General atraer la queja y no remitirla al órgano interno de control de la alcaldía.

Labrador dijo que el alcalde salió con un video (en redes sociales) informando que todo estaba en orden, pero eso es falso, por eso hoy venimos a denunciarlo públicamente. Lo que queremos es que regrese los 22 millones de pesos que se llevó y que no ha podido comprobar a la Auditoría Superior de a Federación.

Por su parte, García insistió en la petición a la Contraloría para que atraiga el asunto en particular, que no lo envíe al órgano de control de la alcaldía Miguel Hidalgo, y que para la fecha en la que Mauricio Tabe se separe del cargo para intentar relegirse ya tenga razón de dónde están esos 22 millones de pesos.

Al respecto, la alcaldía señaló que aún está en tiempo y forma para solventar los requerimientos de la ASF.

El informe del órgano fiscalizador concluyó en la Auditoría de Cumplimiento número 687, que la alcaldía no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2022.

Labrador y García, entre otros residentes, aseguraron que hasta el momento la alcaldía no ha presentado documentación suficiente que justifique contratos y licitaciones realizadas para el arrendamiento de vehículos para seguridad pública, para la construcción del nuevo edificio, así como la rehabilitación de los centros y espacios deportivos.

La semana pasada, los vecinos presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de Tabe por los posibles delitos de peculado, desvío de recursos y quebranto al erario.