El Senado aprobó ayer cuatro reformas para que las divorciadas no tengan que esperar 300 días para volver a contraer matrimonio y aumenten las penas contra quienes abusen de menores de 15 años, así como de embarazadas, adultos mayores y discapacitados.

La primera modifica el artículo 158 del Código Civil Federal al eliminar la disposición de que la mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución de la unión anterior, a menos que dentro de ese plazo diera a luz.

La segunda adiciona un párrafo al artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que en delitos por razón de género, los jueces tienen la obligación de juzgar con esa perspectiva, así como aplicar los protocolos correspondientes.

La tercera reforma agrega una nueva cláusula al artículo 343 bis del Código Penal Federal, para que en violencia familiar cometida contra una embarazada, un adulto mayor o con discapacidad, la pena a imponer aumente hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo.

La cuarta modificación añade un párrafo al artículo 261 del Código Penal Federal para aumentar la pena hasta en una mitad a quienes abusen de menores de 15 años o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.

La senadora Olga Sánchez Cordero (Morena) aseveró que votar a favor de las propuestas es demostrar que el Senado está comprometido con la justicia y la protección a la población. La panista Josefina Vázquez Mota expresó que el Código Civil Federal discrimina y violenta los derechos de las mujeres al prohibirles casarse antes de que pasen 300 días desde que se divorciaron. Esta regla no se aplica a los hombres, pues pueden contraer matrimonio a las pocas horas de haberse separado.

Germán Martínez Cazares, del grupo plural, resaltó que con las reformas se rompe de tajo con el pacto patriarcal que sigue vigente en algunas de leyes: Es para acabar con esos reductos de machismo jurídico y esa masculinidad vergonzante.

De estas reformas, aprobadas prácticamente por unanimidad, las dos primeras fueron remitidas a los diputados y las otras dos al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.