Los familiares de personas desaparecidas que salen a buscarlas se arriesgan a ser asesinados o sufrir represalias, amenazas, desplazamiento forzado y agresiones que prevalecen en la impunidad, denunciaron buscadores y activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En en el contexto del 189 periodo de sesiones del oganismo, que se realizó en Washington, exigieron al Estado mexicano que los reconozca como defensores de derechos humanos y les brinde medidas de protección. Además, plantearon a la nueva relatora para México, Andrea Pochak, que realice una visita urgente al país, poniendo especial atención a la crisis de desapariciones.

En audiencia, Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma Por la Paz y la Justicia en Guanajuato, destacó que de 2010 a la fecha han documentado el asesinato de 20 buscadores, de los cuales, 15 han ocurrido en los últimos cinco años.

Acusó que si bien las víctimas han denunciado ante las autoridades, por falta de respuesta, negligencia o incluso colusión de las instituciones con grupos criminales, las personas buscadoras se han visto obligadas a ser las encargadas de localizar a sus familiares con sus propios medios, y para ello se han organizado en colectivos con la finalidad de mitigar los riesgos a que se enfrentan.

Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, de Guanajuato, acusó ante la CIDH que como buscadoras, el Estado mexicano les ha negado protección, pese a que en las regiones donde realizan esa labor hay presencia de grupos criminales.

En su turno, la representación del Estado mexicano destacó que existen mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, los cuales se han fortalecido.

Norma Herrera García, de la Secretaría de Gobernación, indicó que mientras en el sexenio anterior se erogaron 780 millones de pesos por concepto de implementación y operación de medidas de protección, en la presente administración se han ejercido 2 mil 300 millones de pesos.

Ante la ausencia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Reyes Sahagún, los colectivos lamentaron la falta de interés de las autoridades mexicanas de asistir de manera presencial a la audiencia, y que no se contara con una representación de alto nivel de manera remota, como la CNB, además de la inasistencia de la Fiscalía General de la República.

En tanto, Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, apuntó que las desapariciones son una desgarradora realidad para miles de familias y comunidades dentro y fuera del país.