Al justificar la nueva iniciativa de reforma constitucional en materia de austeridad, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que a pesar de que al comenzar el sexenio se estableció que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente, en la actualidad hay 2 mil 560 funcionarios federales que tienen percepciones mayores que el jefe del Ejecutivo, lo que implica un gasto de 2 mil 264 millones de pesos.

En la conferencia presidencial se detalló que 2 mil 377 de esos funcionarios pertenecen al Poder Judicial, en tanto que 183 están adscritos a los diversos organismos autónomos. La iniciativa pretende eliminar cualquier resquicio de duda para evitar pretextos, como se esgrimen ahora para incumplir la disposición, por lo cual se fijará en la Constitución el salario presidencial: no superará 73 veces el valor anual de la unidad de medida de actualización (UMA). Se establece que la UMA anual por 23 veces da una cantidad específica, que es ese el monto máximo que cualquier funcionario público puede ganar.

Por otro lado, se dieron detalles sobre la desaparición de los organismos autónomos, destacando que el presupuesto que se ahorre se destinará al fondo para las pensiones, aunque al mismo tiempo Alcalde informó que se respetarán los derechos de los trabajadores. De acuerdo con la iniciativa las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tiene un presupuesto de mil 97 millones de pesos, podrían pasar a la Secretaría de la Función Pública.

Habló del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene un presupuesto de mil 680 millones de pesos, que tampoco ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, pese a que tiene una estructura gigantesca de costos elevadísimos, según la secretaria de Gobernación, quien mencionó que sus tareas podrían pasar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Otro de los organismos que se propone desaparecer es la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene un presupuesto anual de 688 millones de pesos y que desde la perspectiva gubernamental no ha cumplido los objetivos porque no ha resuelto casos relevantes y las resoluciones que más han trascendido son las limitaciones que ha impuesto a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

En la iniciativa de ley también se propone la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyas funciones pasarían al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.