Además de los abusos y la explotación laboral que enfrentan los jornaleros agrícolas, en los últimos años la delincuencia organizada también ha estado trastocando la vida de esta población al hacerlos víctimas de extorsiones, amenazas, secuestros y hasta asesinatos, al confundirlos con integrantes de grupos rivales, aseguraron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Rejja).

Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Sonora son algunas de las entidades donde se han detectado este tipo de agresiones del crimen organizado, precisaron.

Paulino Rodríguez, encargado del acompañamiento a jornaleros agrícolas migrantes del Centro Tlachinollan, expuso que los casos que se han documentado son porque las personas se atreven a compartirlos o porque los hechos fueron difundidos en medios, pero muchas por miedo o represalias evitan denunciar ante las autoridades, quienes se ven imposibilitadas de reaccionar frente a los grupos del crimen organizado.

Entonces, ahí queda todo y lo único que guardan (las víctimas) es el miedo de ser atacados, dijo en entrevista.

Señaló que las agresiones que han sufrido las personas que trabajan en los campos agrícolas, muchas de ellas migrantes internos, sobre todo son porque los criminales los confunden, como sucedió el 4 de febrero cuando sicarios dispararon contra un camión que los transportaba en Caborca, Sonora, dejando cuatro muertos.

Sin embargo, aseguró que también se ha identificado que las empresas se arropan con el crimen organizado como guardianes, de tal manera que estos grupos son los que actúan si algún jornalero quiere ejercer su derecho. Lo que hacen es que los callan, los hostigan y amenazan, acusó.

En entrevista por separado, Isabel Margarita Nemecio, integrante de la Rejja, indicó que las policías locales también son parte de la red de abusos. En Sinaloa, ejemplificó, algunas autoridades de tránsito municipal han generado formas de extorsionar o pedir las cuotas para que puedan transitar las camionetas en las que son transportados los trabajadores.

En 2023 había 2.97 millones de personas laborando en actividades agrícolas y se estima que sólo tres por ciento de jornaleros cuenta con un contrato formal, de acuerdo con Save the Children.

Vivienda en condiciones de hacinamiento, falta de servicios básicos de higiene, inaccesibilidad a alimentación suficiente y nutritiva, entre otras situaciones que vulneran sus derechos y ponen en peligro su desarrollo, son las situaciones precarias que ponen en riesgo a los niños que viajan con sus familias, denunció la organización.

Mientras esto sucede, Nemecio mencionó que las inspecciones laborales están rebasadas.