Guanajuato, Gto., Es delicado que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto esté a cargo de la denuncia por daños a edificios artísticos e históricos que hizo la Universidad de Guanajuato (UG) para criminalizar a siete estudiantes que participaron en la toma de la rectoría en septiembre de 2023, señaló el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel.

El defensor explicó que las áreas especializadas de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron creadas para atender delitos de gravedad. Lo acontecido en la UG se trató de daños menores e incluso fueron corregidos con pintura, agua y jabón, refirió.

Saucedo Pimentel lamentó que la casa de estudios haya denunciado a siete alumnos, de los casi 100 que participaron en la toma de la rectoría para externar su inconformidad por la falta de transparencia en el proceso de designación del nuevo rector.

Ojalá la institución haya medi-do bien las consecuencias de tratar de criminalizar a estudiantes que ejercían un legítimo derecho de protesta, no es una medida equilibrada para atender estos reclamos, consideró.

Del 11 de septiembre al 3 de octubre de 2023, decenas de universitarios se apostaron en las oficinas de la rectoría después de que Luis Felipe Guerrero Agripino terminaba su segundo periodo al frente de la UG y la junta de gobierno nombró a Claudia Susana Gómez López como su sucesora.

Los quejosos liberaron las instalaciones cuando la nueva rectora firmó un escrito en el que se comprometió a dejar las pintas como un memorial de las demandas estudiantiles y a no emprender represalias jurídicas, académicas, económicas, administrativas, ni políticas contra los manifestantes, acuerdo que no fue respetado.

El 15 de febrero, el Poder Judicial del estado envió citatorios a los domicilios de los alumnos Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada por la denuncia en su contra.

La fiscalía para delitos de alto impacto que acusa a los jóvenes de daños a edificios públicos y bienes artísticos e históricos, por lo general investiga ilícitos como homicidios, feminicidios, extorsión, lesiones dolosas, robo a bancos, a casa habitación, negocios, transeúntes, transportistas, vehículos, ganado, así como secuestro y violación.

Por lo anterior, los muchachos denunciados penalmente reclamaron que la UG, en complicidad con la FGE y el Poder Judicial, los intenta criminalizar, intimidar, violentar y amenazar con esta acción.