La iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano es un acto de justicia social, señaló el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Al presentar ayer en la mañanera el contenido y los alcances de la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que la principal meta es reconocer que los habitantes de estas comunidades son sujetos de derecho público y no de interés público, como actualmente marca la ley, a partir de la modificación al artículo 2 de la Constitución.

Considerarlos sujetos de interés público, enfatizó, significa que deben ser tratados como objeto de protección, tutela y asistencia de las normas, políticas y acciones del gobierno y de terceros.

En el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna (que se conmemora cada 21 de febrero), Regino Montes señaló que la reforma propone reconocer la composición pluricutural y multiétnica del país, expresada en 70 pueblos indígenas y el afromexicano, integrados por 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones que se reconocen como indígenas y 2.5 millones como afromexicanos, y conforman el rostro de la diversidad cultural y lingüística de México.

Detalló que el reconocimiento de que estos pueblos y comunidades son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios les permitirá ejercer sus derechos por sí mismos, tomar decisiones en sus asambleas u órganos comunitarios, nombrar a sus autoridades, recibir y administrar recursos públicos y defender sus derechos colectivos ante instancias jurisdiccionales y otras autoridades.

Al reconocerlos como sujetos de derechos, agregó el funcionario, se consolidan los ámbitos y mecanismos en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, en especial para el fortalecimiento de sus formas de gobierno; jurisdicción indígena; patrimonio cultural; lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva –necesaria ante los plagios de diseños artesanales–; participación en la construcción de modelos educativos; medicina tradicional y las personas que la ejercen; hábitat, bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados, y desarrollo integral, consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Obligaciones del Estado

La iniciativa también señala un conjunto de obligaciones para el Estado: impulsar el desarrollo comunitario y regional de estos pueblos; asignar el presupuesto que los pueblos podrán administrar y ejercer directamente; garantizar el derecho de mujeres indígenas y afromexicanas; construir vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicaciones e Internet; reconocer las formas organizativas de residentes migrantes indígenas, sobre todo en contextos urbanos, y el vínculo con sus comunidades de origen; realizar las consultas pertinentes ante actos administrativos y legislativos que sean susceptibles de afectarles, entre otros.

Recordó que la iniciativa recoge los resultados de los procesos de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos que se realizaron entre 2019 y 2021.