El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó contratos por mil 172 millones de pesos a seis empresas de vigilancia, renta de vehículos y limpieza por adjudicación directa en 2022, incluida Seguridad Camsa, encargada de la vigilancia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 39 migrantes murieron en marzo de 2023.

En todos los casos, el INM argumentó que entregó los contratos sin licitación pública por un presunto riesgo de seguridad nacional, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en la revisión de la cuenta pública de ese año, que no detectó información vulnerable.

La Auditoría reportó a la Cámara de Diputados que en todos los contratos encontró irregularidades que implican un daño patrimonial por 85.6 millones de pesos más intereses, y determinó abrir investigaciones por el Órgano Interno de Control e incluso por el Servicio de Administración Tributaria a Camsa y Asbiin, debido a que no hay actividad en sus domicilios fiscales.

A Camsa, el INM le entregó 151 millones 439 mil 400 pesos y a Asbiin 81 millones 239 mil pesos por servicios de limpieza, aunque ésta ya había cometido irregularidades en otras áreas de gobierno.

En sus conclusiones, precisó que Camsa es una microempresa, porque sólo tenía registrados cuatro trabajadores y subcontrató a otras cinco firmas de seguridad para prestar el servicio de vigilancia, a las que pagó 79.5 millones de pesos, es decir, 52 por ciento del contrato otorgado por Migración.

Además, la ASF detectó que para justificar la presencia del personal de vigilancia en distintas estaciones migratorias, Camsa presentó fotocopias de una lista original de asistencia, a las que sólo les cambió la fecha.

El ente fiscalizador también revisó el contrato de 132 millones 583 mil 800 pesos que se le entregó a Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, que ha sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por inflar precios en la renta de ambulancias al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En diciembre de 2022, una ambulancia se incendió.

La ASF informó que el contrato cubría la renta de 557 vehículos, entre camionetas y motocicletas, pero el INM sólo acreditó la recepción de 408, lo cual derivó en un pago no justificado de 35 millones 293 mil 800 pesos por 149 autos no entregados por Casanova.

Dicha empresa trató de justificar la entrega total de los vehículos, pero en algunos acuses estaban borrosos y otros fueron llenados a mano, a diferencia de los originales de formato electrónico.

Entre los requisitos del contrato se incluía que los vehículos debían acreditar la verificación de emisión de gases, incluir el logotipo del INM, reportes de infracciones de tránsito y órdenes de servicios, registro, minutas y bitácoras, que Casanova Vallejo tampoco acreditó.

El informe también confirmó que el INM entregó los contratos para la construcción de las estaciones migratorias a Grupo CauFi por 545 millones 532 mil 700 pesos, una empresa con sólo 11 trabajadores, y que no cumplía con el requisito de experiencia para esas obras, porque se dedica a la organización de banquetes.