La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila elaborar un cuadernillo o catálogo de funcionarios públicos infractores de todos los órdenes de gobierno, cuyos actos afecten la equidad de las elecciones del 2 de junio. El catálogo sería un insumo para cuando los magistrados califiquen la elección presidencial y otras de responsabilidad de este máximo tribunal.

El tema fue propuesto por Janine Otálora, dentro de la resolución de un expediente que propone confirmar la responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador por infracciones cometidas en julio pasado, cuando celebró el quinto aniversario del triunfo de la 4T.

La magistrada introdujo ahí el tema del cuadernillo, idea que al menos durante la sesión de este miércoles no fue rechazado por sus colegas; al contrario, la magistrada presidenta, Mónica Soto, declaró que compartía la propuesta y sugirió que la información recabada no sólo fuera utilizada para la calificación de la elección presidencial sino de otras contiendas como las nueve gubernaturas a definirse también este año.

No obstante, sí hicieron comentarios en cuanto a aspectos técnicos del cuadernillo, por lo que se acordó aplazar para la semana próxima la resolución de todo el asunto identificado como SUP-REP-39.

En lo que toca al evento de julio pasado, la Sala Superior ratificaría el criterio de la Sala Especializada, de que si bien el jefe del Ejecutivo no incurrió en actos anticipados de precampaña o campaña, sí lo hizo en la modalidad de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

En ese contexto, Otálora justificó su propuesta del cuadernillo, en cuya elaboración no sólo participaría el TEPJF sino la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Considero que resulta relevante que se pondere la incidencia que pudieran tener aquellas situaciones declaradas antijurídicas en los aspectos relevantes para la validez de las elecciones, argumentó.

En ese supuesto estarían los servidores públicos que hayan realizado propaganda gubernamental personalizada fuera de los plazos permitidos o que hayan utilizado recursos públicos para influir en favor de una candidatura o un partido político, y en general cualquier violación al artículo 134 constitucional.

Credencial para una persona en prisión

En otro asunto, la Sala Superior ordenó la expedición de la credencial de elector a una persona que se encuentra actualmente en prisión preventiva; el objetivo es que este ciudadano tenga un mecanismo de identidad. Por tanto, el INE y las autoridades penitenciarias deberán coordinarse para darle la identificación. Igualmente se aceptó que una ciudadana tramite la renovación de su credencial fuera del plazo establecido, aunque esto no implica modificar las reglas actuales para la integración y revisión del padrón y la lista nominal.

Además, en expediente aparte, se ordenó al Instituto Nacional Electoral analizar si las personas discapacitadas pueden votar por Internet.