os procesos electorales suponen, en teoría, una oportunidad para actualizar y replantear las políticas públicas y programas de gobierno, de modo que atiendan las necesidades más urgentes de la población y articulen con eficacia los esfuerzos dirigidos a construir una sociedad más digna. No obstante, en los hechos y especialmente en el marco de democracias frágiles como es el caso de la nuestra, los tiempos electorales suelen convertirse en una batalla campal entre los intereses de las élites económicas y políticas, que ofrecen casi ningún margen para el diálogo democrático y para la participación ciudadana en la propuesta de nuevos mecanismos para lograr la justicia social. Si a ello sumamos entornos de aguda polarización como los que se han configurado en el país los años recientes, esos márgenes se estrechan aún más y lo que queda es una sensación ciudadana de impotencia por la extrema dificultad para hacer valer sus derechos democráticos de participación en coyunturas como la actual de alta incertidumbre y urgencia en la que, cuando más falta hace el diálogo y la imaginación, suelen acabar reciclándose viejos discursos y prácticas políticas.

Frente a este panorama, las universidades tenemos una responsabilidad especial, pues nuestra identidad nos obliga a tender puentes que posibiliten el diálogo asertivo entre los sectores que conforman la sociedad, de modo que el de la democracia sea, efectivamente, un proceso en donde la escucha y el diálogo sean el modo de proceder privilegiado para encarar la importante cita electoral que nos aguarda el próximo junio. Con esa convicción, la Ibero Puebla presentará el próximo martes 27 de febrero su Agenda institucional 2024: de la reflexión a la acción, documento que condensa un ejercicio académico de diagnóstico y abordaje de 18 ámbitos problemáticos de la realidad de Puebla, en torno de los cuales se busca llamar la atención y convocar al diálogo razonado entre la ciudadanía y las personas aspirantes a cargos de representación popular.

La Ibero Puebla, fiel a su identidad jesuita, reivindica así su obligación especial ante una realidad cada vez más injusta que clama por la urgente atención de los actores sociales. El padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha recordado en numerosas ocasiones que la primera asignatura de la educación jesuita es el contexto, por lo que nuestras universidades han de tener como punto de partida de su quehacer su entorno, sus necesidades y oportunidades, para contribuir a la concepción de soluciones pertinentes a los problemas de las personas, especialmente de las más necesitadas. Con su llamado, el padre general Arturo Sosa recuerda la convicción que de manera incansable formulaba Ignacio Ellacuría, jesuita mártir que fue rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, quien subrayaba que la dimensión política de la universidad es ineludible. En sus Escritos universitarios, Ellacuría sostiene que, dado que la universidad presta un servicio al pueblo, ella debe buscar, ofrecer y apoyar universitariamente los procesos que propicien una convivencia más justa, libre y solidaria (p. 107), lo que supone una politización de su actividad, es decir, una acción deliberada de denuncia de las injusticias y de búsqueda articulada de superación, desde la especificidad de su acción universitaria.

Así, arraigada en estas convicciones, la Agenda institucional 2024 plantea un universo de temas que se consideran fundamentales para un buen ejercicio del gobierno, principalmente en el ámbito estatal, aunque también vigentes en el plano federal. La agenda recupera diferentes dimensiones de atención a la realidad, como la pobreza y la desigualdad, las graves violaciones a derechos humanos, la inseguridad y la delincuencia, la migración, la educación, el cuidado del ambiente, el combate a la corrupción, salud, género e igualdad, entre muchas otras aristas que componen un total de 18 problemáticas identificadas. Sobre cada una, la comunidad académica ha elaborado un diagnóstico conciso que explica los puntos nodales de dicha problemática, se establece una postura universitaria y se plantean propuestas de abordaje susceptibles de ser consideradas por los actores políticos para su ejecución en el próximo ciclo gubernativo.

Con esta agenda, la Ibero Puebla hace valer el sentido político de esta casa de estudios, politización entendida no como una intromisión interesada en el campo político-electoral de carácter partidista, sino como un trabajo constante y consistente de incidencia desde la investigación, la formación y la vinculación en una realidad necesitada y frecuentemente desatendida por la clase política. Dicha agenda institucional será presentada directamente a aspirantes a cargos de elección popular, expresando con ello nuestra invariable decisión de servir como puente de diálogo entre la ciudadanía y los poderes públicos.

De cara a un proceso electoral que previsiblemente se tornará tenso, polarizante y aun violento, necesitamos como ciudadanía mediaciones que permitan generar diálogos pertinentes, así como dar contenido y profundidad a un ejercicio usualmente plagado de superficialidad y estridencia. Lo deseable es que esta agenda sea recibida no como una inapelable receta de actuación frente a la realidad, ni como una carta ingenua de buenas intenciones, sino como levadura que permita orientar y enriquecer el debate público, para propiciar que el proceso electoral esté nutrido de propuestas y discusiones pertinentes para transformar nuestra realidad, poniendo en el centro la dignidad de las víctimas históricas de la injusticia y la violencia estructurales.