A pesar de que en 2019 la entonces Procuraduría General de Justicia determinó que por la construcción de un edificio irregular –autorizada por el ex director de Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, Nicias Aridjis– la propiedad de Ricardo Guerrero resultó dañada, hasta la fecha no ha sido cuantificada para que la carpeta de investigación sea judicializada, denunció el afectado.

Tampoco ha procedido la indagatoria pedida desde 2018 contra el constructor ni para el director responsable de obra que avalaron la edificación de siete niveles en la calle 5 de Febrero 1073, colonia Américas Unidas, que afectó la casa de Ricardo.

A unas horas de que venza el plazo otorgado por una jueza de control para judicializar las carpetas, por tercera ocasión solicitó al encargado de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara López, su intervención.

Recordó que desde mayo de 2019 ha solicitado a ocho diferentes agentes del Ministerio Público que han hecho su indagatoria que el área de peritos en arquitectura e ingeniería civil evalúen y cuantifiquen los daños en su casa.

Alegan falta de recursos

Tres años después, el encargado Édgar López informó que no es posible emitir la opinión técnica solicitada en virtud de que en dicha área no se cuenta con esa especialidad, y tampoco con recursos para contratar a un despacho externo que lo haga.

De no contar con ese documento, ningún juez puede condenar a un constructor o funcionario, ni tampoco se cubrirían los daños, por lo que reiteró su solicitud a Lara López de que se contrate un especialista externo, como se hizo tras los sismos de 2017.

Hasta el momento no ha habido respuesta, cuando un dictamen de Protección Civil del gobierno capitalino señaló que mi casa se encuentra en peligro serio de colapso a causa de los daños provocados por el inmueble ilegal autorizado por la alcaldía Benito Juárez.

Consideró que existe un bloqueo institucional por parte de la fiscalía hacia mi carpeta, pues en otros casos similares ha procedido legalmente en contra de las mismas autoridades de la demarcación.

Dichas indagatorias se iniciaron dos o tres años después que la suya, pero se judicializaron en un año, cuando él ha esperado casi seis, porque la dependencia no cuenta con presupuesto y ninguna autoridad capitalina está dispuesta a patrocinar, ayudar o subsidiar el dictamen de cuantificación de los daños de mi casa.

Ricardo mencionó que su lucha por alcanzar justicia ha sido ardua, ya que su carpeta fue robada por seis meses y reapareció, y posteriormente, le sustrajeron dos terceras partes de los documentos de importancia; y eso que todavía no se han cuantificado los daños ni se ha actuado en contra de quienes construyeron el inmueble ilegal que afectó mi hogar, pero vamos a seguir.