En la revisión de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños al erario por 785 millones de pesos en las obras del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ASF realizó 12 auditorías al proyecto ferroviario, cuyos resultados fueron entregados ayer a la Cámara de Diputados como parte del tercer y último informe de la fiscalización del gasto del cuarto año de gobierno de la presente administración federal.

Los hallazgos incluyen pagos en exceso o indebidos a proveedores y empresas constructoras, erogaciones por trabajos innecesarios o de calidad deficiente, pago de intereses, deficiencias en la planeación de los trabajos en distintos puntos de las obras, así como la adquisición de un predio de 295 mil metros cuadrados para derecho de vía que no será utilizado, entre otras.

Una de las mayores posibles irregularidades se encontró en gastos relacionados con el tramo 4, Izamal-Cancún. Ahí, la ASF detectó pagos en exceso por 286 millones 261 mil pesos debido a la diferencia del costo en la integración de diversos precios unitarios, los cuales fueron analizados y recalculados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de las obras del Tren Maya, en la Cuenta Pública 2021.

Sin embargo, durante la Cuenta Pública 2022 se continuaron pagando con los precios unitarios del contrato, indicó la ASF, que señaló que la causa de este posible desfalco a la hacienda pública es la falta de supervisión en la ejecución de los trabajos.

La ASF también descubrió que se realizaron pagos indebidos por 256 millones 99 mil pesos en la adquisición de terrenos para el Tren Maya. Estos gastos se hicieron por conceptos de bienes distintos a la tierra, ya que se realizaron sin contar con avalúos individuales con los que se comprobara qué elementos se pagaron y cómo se determinaron las cantidades de cada uno de ellos.

El organismo fiscalizador determinó que el Fonatur no acreditó que se realizara una valoración individualizada para cada predio adquirido, ya que no proporcionó documentación que comprobara cuáles fueron los elementos que se pagaron ni cómo se determinaron las cantidades de cada uno de estos. Durante la auditoría, la dependencia entregó a la ASF documentos que no cuentan con firma, folio asignado, y en los que no se señala a la persona responsable de realizar los levantamientos.