Como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por 294 millones 295 pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y su empresa Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo SA de CV (Diconsa).

Las anomalías corresponden al último año de la gestión de Ignacio Ovalle como director –en cuyo periodo se dio una trama de corrupción en la paraestatal que se ha cifrado en más de 15 mil millones de pesos y que las autoridades situaron en 9 mil 500 millones, parte de los cuales están en proceso de aclaración– y al primer año de la administración de Leonel Cota, su relevo.

En informe se incluyen dos auditorías tipo forense, cuyo objetivo es analizar a fondo las evidencias para detectar la corrupción, realizadas a Segalmex y Diconsa.

En la primera se revisó el uso de 2 mil 627 millones 182 mil pesos correspondientes a gastos de la paraestatal en adquisición de bienes y prestación de servicios, para verificar que la adjudicación, contratación, recepción, pago, así como el registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la legislación aplicable.

Los auditores encontraron probables daños al erario por 177 millones 854 pesos, que están pendientes de aclarar.

En Diconsa, el organismo fiscalizador revisó una muestra de 3 mil 772 millones de pesos correspondientes al gasto de materiales y suministros, y servicios generales.

La ASF detectó posibles daños a la hacienda pública por 116 millones 441 mil pesos, de los que en el transcurso de la revisión se recuperaron 17 mil pesos.

Se observó, entre otros problemas, que Diconsa realizó cargas de combustible en vehículos que no están registrados en el Sistema Integral de Transporte, por lo que no acreditó que estas compras fueran destinadas para sus actividades operativas.