Nueva York., El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández era considerado por Estados Unidos aliado crucial en la guerra contra las drogas. Ahora, los fiscales federales lo acusan de gobernar su nación como un narcoestado al recolectar millones de dólares de violentos cárteles para financiar su ascenso al poder.

Casi dos años después de su detención y extradición a Estados Unidos, Hernández compareció ayer ante un tribunal federal de Manhattan por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. Se eligió un jurado y las declaraciones iniciales estaban previstas para hoy en un juicio que el juez P. Kevin Castel prevé que durará entre dos y tres semanas.

Es una estrepitosa caída en desgracia para un dirigente político a quien gobiernos tanto demócratas como republicanos consideraban beneficioso en la lucha contra el narcotráfico y para ayudar a detener las olas de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

El hecho de que Hernández sea juzgado en Estados Unidos y no en su país natal subraya la debilidad institucional de la nación centroamericana, afirmó Raúl Pineda Alvarado, analista político hondureño y ex legislador del Partido Nacional, al cual pertenecía Hernández.

Según las autoridades federales, durante casi dos décadas Hernández obtuvo ganancias del comercio de cientos de toneladas de cocaína introducidas en Estados Unidos, y en ocasiones incluso colaboró con el poderoso cártel mexicano de Sinaloa.

Los millones de dólares procedentes del narco que Hernández empezó a recibir alrededor de 2004 sirvieron a su vez para financiar su ascenso, desde legislador que representaba a una provincia rural en el occidente de Honduras, hasta presidente del Congreso Nacional, y luego dos periodos presidenciales de 2014 a 2022, de acuerdo con la fiscalía.

A cambio de los sobornos que apuntalaron sus aspiraciones políticas, señalan los fiscales, los narcotraficantes tenían permitido operar en el país con impunidad casi total: recibían información que les permitía evadir a las autoridades e incluso escoltas policiales para sus envíos.

Durante su primera campaña presidencial triunfante, Hernández recibió 1.6 millones de dólares de un traficante para él y otros políticos de su partido conservador.

Su hermano recibió una donación de un millón de dólares del capo de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, con la promesa de que los envíos del cártel tendrían paso libre por Honduras si Hernández resultaba elegido.

Los fiscales federales en Nueva York dedicaron años a investigar a las organizaciones hondureñas del narco hasta llegar a la persona que muchos creían estaba en la cumbre: Hernández.

Fue arrestado en su casa en la capital hondureña de Tegucigalpa en febrero de 2022, tres meses después de finalizar su mandato, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo entonces que Hernández abusó de su cargo.