En la primera revisión de gastos de precampaña, correspondiente a 10 entidades, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes partidistas se trenzaron en una discusión sobre el grado de sanción aplicable a los aspirantes omisos o extemporáneos en presentar sus reportes. Y si bien al final se perdonó a 24 personas –y de refilón a un precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, Puebla–, el tema derivó otra vez en una confusión en el sistema de votación y en rispidez de la sesión de consejo.

Tras casi 12 horas de intervenciones –con un receso de cinco horas para discutir en privado el mismo tema– fueron votados los 18 criterios expuestos en el análisis, pero en el penúltimo, relacionado con sancionar las irregularidades con la pérdida del registro, la presidenta, Guadalupe Taddei, planteó a sus colegas: Una duda, ¿esto no se contrapone a lo aprobado en el criterio 11? Este (el 17) ya no tiene efectos, ya no fue aprobado.

Los consejeros miraban sus apuntes y hojeaban, dudosos, el reglamento de sesiones; cundía el riesgo de la misma situación del 19 de octubre pasado, cuando analizaban el tema de paridad en las gubernaturas y una mayoría votó en contra el proyecto en lo general, por lo que en automático quedó invalidada cualquier discusión posterior. Fue aquella sesión en la que la consejera Dania Ravel espetó a la presidenta: ¡Esto es una chicanada! Ahora no se escuchó esa expresión, pero sí hubo una férrea disputa entre los 11 consejeros con derecho al voto y de algunos representantes partidistas.

En lo más ríspido de la discusión, el consejero Jaime Rivera sugirió a Taddei que el texto incluido en el citado punto 11 resultó confuso y no quiero pensar que haya sido de mala fe, soltó.

La mención provocó el enojo de la consejera, quien abrió su micrófono para interrumpirlo: Es muy grave que usted diga eso, ni siquiera pensarlo, consejero, ni siquiera mencionarlo como una suposición; me parece que la redacción todos la tuvimos en la mano, todos la escuchamos correctamente, y hablar hoy de suposiciones que dañan la credibilidad de esta mesa me parece que no es correcto viniendo de un consejero electoral.

Al final, con un galimatías encima sobre cómo destrabar el atolladero, como lo llamó el representante del PT, Gerardo Fernández Noroña, los consejeros se fueron a un nuevo receso y acordaron inclinar la votación para que la sanción por entrega extemporánea de los informes no fuera una simple amonestación, pero tampoco la pérdida de registro.

La salida fue la sanción económica considerando el 200 por ciento sobre los gastos hallados.

La médula de la discusión no eran siquiera las personas, pues casi todas son una suerte de precandidatos espontáneos, no reconocidos o registrados oficialmente por Morena, aunque sí toca al partido recibir las sanciones de las irregularidades. A nivel general, 33.2 millones para todos los partidos y 14.9 para Morena, aunque ahora esa cantidad posiblemente sea reducida.

El fantasma que rondaba en el salón era la pugna de 2021, cuando el INE negó el registro de candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, abanderados morenistas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, por no presentar informes de precampaña.

Al final, en una votación rara y apretada de seis votos contra cinco, no prosperó la cascada de 45 sanciones extremas, de pérdida de registro.