La destitución ilegal de Pedro Castillo como presidente de Perú no es un caso único en la región, donde se observan otros ejemplos de acoso judicial contra mandatarios progresistas, como Gustavo Petro en Colombia, advirtió el abogado del depuesto mandatario peruano, Guido Croxatto.

En entrevista con La Jornada, el jurista, que está de visita en México, adelantó que busca reunirse la próxima semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle impulse ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con Colombia, un tratado contra el lawfare –o guerra judicial– que emplean sectores conservadores para debilitar a gobiernos progresistas en América Latina.

Croxatto añadió que próximamente él mismo visitará la ONU para exponer la situación que enfrenta Castillo, quien denunció esta semana en una carta dirigida al secretario general del organismo internacional, António Guterres, que es víctima de una violación sistemática a sus derechos humanos durante su prisión preventiva.

Castillo fue destituido de manera ilegal; para ello violaron la Constitución y el reglamento del Congreso peruano, y está preso en forma preventiva hace más de un año, pero no han encontrado una sola prueba en su contra, afirmó el defensor.

Agregó que estrategias judiciales como las empleadas en contra de Castillo en Perú están siendo utilizadas en distintos países contra otros líderes populares.

“Le voy a dejar al presidente López Obrador un tratado anti-lawfare, que armamos junto con Eugenio Zaffaroni –también abogado de Castillo–, que tiene 15 principios, uno de los cuales proponemos que ningún operador jurídico, sea juez o fiscal, que haya intervenido en un caso de persecución jurídica o en un caso de alto impacto jurídico, luego pueda ser beneficiado con un traslado a otro poder del Estado, que no se pueda presentar a elecciones inmediatamente, porque si no, hay utilización política de la criminalización de los progresistas”, afirmó.

Croxatto se reunió en junio pasado con López Obrador, quien le expresó su apoyo a Castillo. El jurista agregó que se debe evitar que casos como éstos se repitan.

“Esperamos que México y Colombia puedan llevar este tratado anti-lawfare a Naciones Unidas”, añadió el abogado, que hoy estará en la Cámara de Diputados.