El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara planteará a sus colegas revisar, este mismo año, la despenalización del aborto en 14 estados donde las mujeres aún son criminalizadas por interrumpir el embarazo, a pesar de que a nivel federal ya no se persigue.

González Alcántara Carrancá buscará el miércoles entrante que la primera sala acepte analizar de forma simultánea un paquete de amparos promovidos por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y eliminar de diversos códigos penales los castigos a quienes abortan en Jalisco, Guanajuato, Chiapas, estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Michoacán y Campeche, entre otros.

De las 14 entidades federativas en las que se pretende eliminar la penalización del aborto, en nueve las constituciones locales garantizan en sus primeros artículos la protección a la vida desde la concepción. Se trata de Morelos, Sonora, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Naya-rit, Yucatán.

Si en los próximos meses la SCJN da la razón a GIRE y despenaliza el aborto en esas regiones, sólo faltarían seis estados que privilegien el derecho a las mujeres a elegir sobre su cuerpo.

El año pasado la SCJN anuló artículos del Código Penal Fede-ral que sancionaban con prisión a las mujeres que abortan en el país y ordenó al Congreso de la Unión derogarlos para evitar mayor revictimización.

En agosto, declaró inconstitucionales tres artículos del Código Penal para Aguascalientes que castigaban a las mujeres que interrumpen sus embarazos, por lo que ahora las autoridades de la entidad están impedidas a continuar aplicando dichos preceptos.

Los recientes criterios de la Corte señalan que penalizar el aborto daña y afecta los planes de vida de las mujeres.

El 30 de agosto pasado, el máximo tribunal del país despenalizó el aborto en Aguascalientes y abrió la puerta para que activistas busquen a través de amparos sentencias similares en otros estados, sin esperar a que los congresos locales legislen sobre el tema.

En un hecho inédito, la primera sala ordenó al Congreso de Aguascalientes derogar los artículos del Código Penal estatal que criminalizaban el aborto.