Sanjuana Maldonado Amaya, originaria de Charco Cercado, San Luis Potosí, lleva 15 años en prisión por estar acusada de haber participado en un secuestro, pero su familia y representantes legales aseguran que es inocente y por eso han pedido al Congreso estatal su indulto, pues la condena que le impuso un juez es por 30 años.

La organización Perteneces, que acompaña el caso, señaló que ésta es una muestra más de cómo se criminaliza a las mujeres cuando no se juzga con perspectiva de género. Sanjuana estaba amenazada por su ex pareja, que la violentaba constantemente, y fue él quien dio su cuenta bancaria para el depósito del dinero del rescate sin que ella tuviera ningún vínculo, sostuvo José Mario de la Garza, presidente de la asociación.

Pedimos al Congreso que nos ayude y analice el caso de mi hija, que ella es inocente, está pagando por un delito que no cometió, clamó su madre María Sabás Amaya.

Expresó que el encarcelamiento de su hija, en el Centro de Reinserción Social El Xolol, en Tancanhuitz, ha sido muy duro y triste para la familia, pues el padre de Sanjuana murió tras una larga enfermedad y los gastos se incrementaron, a veces no teníamos para ir a visitarla.

Perteneces detalló que Sanjuana fue detenida el 23 de mayo de 2009 a los 21 años, cuando su entonces pareja José Cruz y otros dos hombres la obligaron a acompañarlos a un establecimiento para cobrar el dinero del rescate. Ella permaneció afuera negándose a entrar; sin embargo, fue en ese momento cuando se acercó una mujer policía vestida de civil, le pidió que se identificara, le preguntó qué hacía ahí y si sabía para qué era el dinero, a lo que ella contestó que no.

Asimismo, destacó que aunque Sanjuana declaró de manera reiterada haber sido amenazada, desconocer el origen del dinero, no haberlo cobrado y haber vivido violencia por parte de José Cruz, esto nunca fue tomado en cuenta. Tuvo un juicio sin perspectiva de género del que derivó una sentencia condenatoria dictada el 18 de abril de 2011 por el juez primero mixto de primera instancia de Matehuala, la cual quedó firme en noviembre de ese mismo año.

De la Garza indicó que la mujer, madre de dos hijos, desde un inicio no tuvo una defensa adecuada, por lo que ahora la única posibilidad para obtener su libertad es el indulto, que es facultad del Congreso estatal, y que en dos ocasiones ha sido otorgado en los años 90 a dos mujeres que estaban encarceladas.

Expuso que la solicitud fue presentada el jueves pasado y está firmada por 15 organizaciones nacionales, entre ellas Fundación para la Justicia y Asilegal. Nosotros sostenemos que Sanjuana es inocente, hemos hecho una revisión profunda del asunto, elaboramos un dictamen de antropología social para explicar todo el contexto en el que fue juzgada y consideramos que hay elementos suficientes para determinar que es inocente y que pudiera otorgarse su libertad a través de este mecanismo.