Buenos Aires., La policía de la provincia de San Juan se acuarteló antenoche para rechazar un aumento salarial de sólo 15 por cierto y para reclamar el pago de horas adicionales, detonando protestas de las familias que los acompañaron, lo que se produce en momentos en los que Héctor Daer, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), repudiaron la negativa del gobierno del presidente Javier Milei de responder a la necesidad de actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil y la paritaria nacional docente. Los quejosos denuncian que lo anterior aumentará la crisis, ante los incrementos cotidianos en los precios.

Lo sucedido en San Juan, que puede repetirse en otras provincias, y el desafío de Milei, en guerra contra los gobernadores de éstas, a las que se niega a enviar los fondos de coparticipación en venganza porque la cámara de Diputados no avaló la ley ómnibus, que violaba la legislación constitucional del país, muestra la grave situación al filo del abismo, como advierten los analistas.

La pobreza aumentó a 57 por ciento de la población de acuerdo con la Universidad Católica Argentina, lo que representa 27 millones de personas, el nivel más alto después de 2004, cuando recién se estaba recuperando la nación del estallido social del 2001. “Esta situación (de más población en extrema necesidad) puede generarle a Milei y su gobierno un problema superior al del fracaso parlamentario del proyecto de ley ómnibus”, señalan la CGT y las dos CTA.

Además, advierten crispación social y política ante el obstáculo a la reunión del Consejo del Salario, pues habilita un camino de confrontación inevitable.

En San Juan, el jefe de la policía, Eduardo Lirola, dialogó con uniformados ante la tensión que produjo la protesta y calmó la situación, cuando además peligra el comienzo de las clases y Milei insiste en que las provincias deben hacerse cargo de todo lo que suceda, cuando en realidad son las que producen todo lo consumido en el país, desde alimentos hasta petróleo y gas.

Hay también denuncias por amenazas contra legisladores, y una de las reacciones en las horas recientes fue el atentado contra lo que era la Fundación de la Isla Maciel, dirigida por el sacerdote de la opción por los pobres, Francisco Paco Olivera, uno de los religiosos que el papa Francisco, cuando era el arzobispo Jorge Mario Bergoglio, envió a trabajar en favor de los más necesitados en las villas miserias (ciudades perdidas).

La cúpula de la Iglesia católica se pronunció nuevamente sobre la gravedad de la situación social, el abandono de 40 mil comedores populares, a los que el gobierno se niega a enviar alimentos, sin lo cual miles de familia no podrán acceder a la comida única.

Abandonan a enfermos de cáncer

Lo mismo sucede al dejar sin financiamiento la protección estatal a niños y adultos víctimas de cáncer, y que han debido abandonar el tratamiento que le proveía el Estado y las familias reclaman desesperadamente porque es una cuestión de vida o muerte, como el hambre.

El sindicalismo, que sostiene obras sociales, un gran avance en favor de la salud, sofocado en estas horas con liberarlas, con lo cual será imposible asegurar la atención a la población. Esto se une al tema educación, en el que los maestros temen por lo menos una ruptura académica nacional si no pueden iniciar las clases y un colapso del sistema ante una sobredemanda de alumnos provenientes de planteles privados.

Será muy difícil que las familias compren los útiles y, además, la escuela pública se prepara para recibir miles de niños que asistían a instituciones privadas que están cerrando ante la imposibilidad de mantenerlas.

En la jornada de ayer, la Unión Ferroviaria anunció un paro el próximo miércoles en todo el país.

Ante esta situación, Héctor Daer, del gremio de la Sanidad, declaró que el gobierno hizo de la reunión del Consejo del Salario una parodia de un instrumento legítimo de la democracia. Fue un paso más para romper la institucionalidad del país.

Afirmó que lo que busca el jefe del Ejecutivo es concretar un empobrecimiento colectivo, que todos trabajemos por un plato de arroz y el país entra en un marco de competitividad para la transferencia de los que menos tienen a los que más tienen en el país.

Los dirigentes sindicales consideraron que el de Milei es un gobierno autoritario, sin sensibilidad social, que cree que el mal de Argentina son las organizaciones que representan lo popular, así que confirmamos que vamos a un camino de confrontación inevitable.

Cada día que pasa se multiplican los pedidos que insisten en que ya es el momento de que la oposición demande el juicio político o interponga al menos un recurso legal para que el presidente, cada vez más violento en sus mensajes y autoritarismo salvaje, deje su cargo.

También la vicepresidenta, Victoria Villarruel, está demorando ilegalmente el debate en el senado sobre el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se sigue aplicando cada día y que dejaría situaciones irreversibles en el aspecto social y en temas claves de soberanía nacional.

En estos días Milei se ufanó de haber echado a 50 mil trabajadores estatales y a otra cantidad de los que cumplían tareas en las obras públicas paralizadas, que dejan a unos 400 mil empleados en la calle.

En tanto, la Federación de Inquilinos Nacional (FINA) solicitó al Poder Legislativo que trate en forma urgente en el Congreso el DNU, vigente desde el 20 de diciembre, a fin de que reviertan su derogación por considerarla anticonstitucional. No hay posibilidad de que la aplicación de ese paquete del DNU no desemboque en una tragedia habitacional y social, sostienen.

Milei trata de acabar con todos los derechos adquiridos en años, además de cambiar las leyes constitucionales mediante decretos, sin recurrir a una asamblea constituyente, como sucede en cualquier país democrático. Además, su política exterior es cuestionada por toda la oposición.

Por otra parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá presentarse la próxima semana ante el juez Sebastián Casanello, para conocer sobre la causa de inconstitucionalidad del protocolo antiprotesta, rechazando el pedido de pasarla a tribunales penales ordinarios, cuando ya ha sido considerado por Naciones Unidas ilegal y un atentado a la Carta Magna.