En el arranque del protocolo de seguridad para candidatos, tres aspirantes solicitaron protección, quienes tras una evaluación recibirán custodia de elementos del Ejército y/o de la Guardia Nacional, si se determina la existencia de riesgo.

El enlace es el Instituto Nacional Electoral (INE), que en dos días recibió tres solicitudes de personas –cuya identidad es reservada– que aseguran haber recibido amenazas. La alerta fue enviada de inmediato a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que a su vez la hará llegar a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN).

El tipo de custodia se definirá con base en el análisis de riesgo de la GN, el nivel de incidencia delictiva en el sitio del problema y las amenazas recibidas o denunciadas.

Al mismo tiempo se prepara una estrategia –con custodia federal– para proteger al personal del INE que inició el viernes los recorridos en campo, particularmente donde se alerte de obstáculos para la realización de su trabajo.

Apenas el miércoles pasado la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, presentó a los partidos políticos el protocolo y se les dio una guía del procedimiento enfocado a las candidaturas a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y las nueve gubernaturas en disputa (incluida la jefatura de Gobierno capitalina).

En una primera declaración, dirigentes de oposición dijeron que el protocolo es insuficiente y exigieron al INE apunte al gobierno federal como el responsable de lo que ocurra ahora y en el futuro en cuanto a seguridad para candidatos, funcionarios de casilla, representantes de partidos y ciudadanía en general.

Al mismo tiempo, Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que todas las autoridades deben reconocer el problema y hacer profilaxis, esto es, medidas preventivas, como la instalación de centros de votación en sitios protegidos.

Puso como ejemplo lo que ocurrió hace algunos años en Nahua­tzen, Michoacán, donde el organismo local tomó la decisión de instalar las casillas fuera del municipio, ante amenazas del crimen. La Sala Superior avaló esa opción.

Al mismo tiempo, subrayó que una elección sí se puede anular por eventos relacionados con el crimen organizado (violencia generalizada) o por violación a los principios generales electorales.

Por ello, insistió en buscar soluciones antes del 2 de junio, y luego, con una reforma constitucional, ir hacia el voto anticipado por Internet.

Acompañamiento

Desde el código electoral de 1990 se estableció que el presidente del entonces Instituto Federal Electoral podía solicitar seguridad personal; para la elección de 1994, se ofreció a los candidatos presidenciales protección del Estado Mayor Presidencial.

Para 2006 se asignó a la Secretaría de Gobernación como autoridad intermediaria y la seguridad estaba limitada a candidatos presidenciales.

Los dos años siguientes tomó fuerza la intermediación del IFE; en 2009 se incorporó a los aspirantes a una diputación, aunque la ley electoral indica que la presidencia del INE puede solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran.

En el actual proceso, a partir del 7 de septiembre pasado, se previó la instalación de una mesa de seguridad interinstitucional que opera a petición de parte, en el denominado Servicio de Acompañamiento y Custodia.

En el nivel de riesgo alto se asignarán 10 elementos del Ejército, un vehículo principal y dos de escolta; para el riesgo medio, ocho elementos y tres vehículos, y para el bajo sólo dos elementos y un vehículo.

Las peticiones se deben hacer a través del INE previo llenado de un formulario.