Río de Janeiro., Tras la publicación de un video en el cual se comentaba a detalle el plan para el supuesto intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, por parte del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y sus más estrechos aliados, el ex presidente brasileño quedó totalmente expuesto en una avalancha de revelaciones sin precedentes que sacudió Brasil esta semana.

El líder ultraderechista, quien se considera víctima de una persecución meramente política, fue impedido el jueves pasado de salir del país, debido a la investigación Tempus veritatis (la hora de la verdad, en latín) que continúa.

La policía federal descubrió el video de una reunión en la que el ex mandatario comunica a sus ministros que no se puede esperar el resultado de las justas comiciales de 2022 para actuar.

Los presentes discuten qué hacer para evitar la elección del entonces candidato a la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva.

La grabación fue decomisada en la computadora de Mario Cid, ex ayudante de órdenes de Bolsonaro. La policía también encontró, en la oficina del ex mandatario ubicada en la sede del Partido Liberal, un documento según el cual estaba prevista la promulgación de un estado de sitio en el país. En la reunión, el ex militar dice que hay que poner en práctica un plan B.

La primera fase del propósito, que se urdió meses antes de las elecciones de octubre de 2022, consistía en desacreditar el sistema de votación electrónico en Brasil para alimentar sospechas de fraude electoral y “legitimar una intervención militar.

Durante la reunión del 5 de julio de 2022, que quedó registrada en el citado video, Bolsonaro exhorta a todos sus ministros a lanzarse en esta campaña contra las urnas electrónicas. Y aseguró: si reaccionamos después de las elecciones, será el caos en Brasil, una gran guerrilla.

El general Augusto Heleno, entonces ministro de Seguridad Institucional, añadió: Si hay que dar un golpe sobre la mesa para revertir la situación, hay que hacerlo antes de los comicios.

Los investigadores consideran que se gestaba un golpe de Estado militar para impedir que el presidente electo de forma legítima accediera al poder. En la hipótesis de la fiscalía, Bolsonaro recibió y modificó un decreto en el que preveía detener al presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y convocar a nuevas elecciones.

El texto fue presentado a militares de alto rango durante una reunión el 7 de diciembre, tres semanas antes de la investidura de Lula, pero el decreto nunca se aplicó y aún se desconoce la razón.

La pesquisa expone las presiones ejercidas sobre militares indecisos sobre la estrategia golpista. En una entrevista al canal Record News, Bolsonaro negó las acusaciones.

Según el diario O Globo, dos ex asesores de Bolsonaro fueron detenidos: Filipe Martins, consultor para asuntos internacionales de la presidencia, y el ex ayudante de órdenes, coronel Marcelo Camara.

En total, fueron cumplidas 33 órdenes de búsqueda y decomiso, cuatro arrestos preventivos y otras 48 medidas cautelares, incluyendo prohibición de contacto con los demás investigados, así como el veto para ausentarse del país, con la entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y la suspensión del ejercicio de funciones públicas.

En opinión de analistas, una vez concluida la investigación, Bolsonaro podría ser inculpado por los delitos de golpe de estado y de abolición de estado de derecho democrático.