Tecate, BC., Integrantes de organizaciones civiles que buscan a personas desaparecidas y familiares de la dirigente del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Ángela Meraz León, asesinada el jueves anterior, se manifestaron la tarde de ayer para exigir justicia por dicho crimen.

Señalaron que se han dicho mentiras como que su ex pareja la mató. No desvíen las investigaciones. Demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) no fabricar chivos expiatorios. El homicidio de Angelita no fue un feminicidio ni crimen pasional, coincidieron las activistas en entrevista con La Jornada.

No sólo es responsable quien disparó sino también quienes no la protegieron, por eso decimos que Baja California es un estado feminicida, acusaron al término de la marcha que se inició en el Monumento a la Madre de Tecate.

Demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Marina del Pilar y a la fiscal estatal María Elena Andrade no desviar las investigaciones y deslindar responsabilidades.

La noche del jueves, la FGE arrestó a la ex pareja de Angelita Meraz, quien se presentó para desmarcarse de las acusaciones que circularon en redes sociales sobre su supuesta responsabilidad. Su sola presencia propició su detención que provocó críticas entre activistas y familiares.

La mañana del viernes, López Obrador reveló que había avances en la investigación y aseguró que el asesinato de Meraz no tuvo que ver con su activismo.

Medio centenar de familiares y activistas marcharon por las calles de Tecate y se pronunciaron por no desviar la investigación porque la buscadora había recibido amenazas de muerte. La tarde del jueves un sicario irrumpió en el salón de belleza de Meraz León y le disparó en el rostro.

Los manifestantes exigieron a la fiscalía estatal agotar todas las líneas de investigación y ponderar la participación de Ángela en el colectivo Unión y Fuerza donde destacó por su compromiso con la búsqueda de dos desaparecidos en 2018. La Comisión de Derechos Humanos de Baja California dijo que abrió un expediente para revisar la actuación de las autoridades en la protección de la activista.

Datos de la Secretaría de Gobernación y de la FGE aseguran que en la entidad hay 4 mil personas desaparecidas, aunque los colectivos refieren que se han documentado más de 14 mil.