La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la divulgación de los contratos celebrados con 28 empresas y los precios a los que el Estado mexicano adquirió energía eléctrica para Baja California en 2022. El máximo tribunal rechazó que la difusión de los acuerdos vulnere la seguridad nacional, afectar el mercado eléctrico y provocar colusión entre empresas para incrementar los costos de la energía en casos de emergencia.

Por ocho votos contra tres, se rechazó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, al considerar que fueron insuficientes los argumentos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y que no se presentaron pruebas del daño que ocasionaría a la industria eléctrica nacional la revelación de los precios con los cuales contrató en 2022.

El ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que no existen pruebas de que la divulgación de los contratos y los precios a que fue adquirida la energía podría provocar, por ejemplo, una alza desproporcionada en las cotizaciones ni que ello tendría un impacto negativo en la confiabilidad del sistema eléctrico, lo que causaría un riesgo para la seguridad nacional.

Tras evidenciarse que ocho de los 10 togados votarían en contra de su proyecto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf indicó: los contratos, incluidos sus precios, derivan de los protocolos correctivos de emergencia y surgen con motivo de una situación excepcional para evitar y reducir al máximo un corte de suministro eléctrico en Baja California, situación que ha sido recurrente, y seguirá así con base en las estadísticas del Cenace.

El proyecto proponía mantener la reserva de los datos por cinco años a fin de que el Estado no tenga obstáculos para restaurar el sistema eléctrico nacional, ya que la electricidad no se almacena y las autoridades tienen que salir a subasta y esas condiciones se pueden alterar si se conocen los precios.