Después de que indocumentados denunciaron que fueron agredidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en la comunidad de San Isidro Monterrosas y la cabecera del municipio de Palmar del Bravo, Puebla, el domingo pasado, y que detuvieron a más de 100 personas provenientes de Centro y Sudamérica, organizaciones apremiaron a las autoridades federales a que investiguen los hechos.

Expusieron que según testimonios, los agentes del INM hicieron “uso de la violencia, golpeando a personas, incluidos niños, adolescentes, mujeres embarazadas y con enfermedades neurológicas, utilizando bastones de corriente eléctrica ‘taser’ y separando familias, al enviar a algunos de sus integrantes a otros estados del sur del país”.

De acuerdo con los reportes, los extranjeros formaban parte de una caravana que venía procedente de Veracruz.

Ante estas denuncias, la Red Jesuita con Migrantes México, la Casa de Atención a Desamparados y el Programa Universitario en Migraciones de la Universidad Iberoamericana en Puebla, entre otros, demandaron respetar los derechos humanos de todos los migrantes y otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias a las familias que están en condición de extrema vulnerabilidad.

En un documento, exhortaron a que particularmente se preserve la unidad, así como a garantizar la reunificación familiar, sobre todo en los casos en que se trate de niños o adolescentes que viajan en compañía de sus madres o padres.

Las organizaciones demandaron también la intervención de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al tiempo que expresaron su disposición a colaborar con las autoridades.