Madrid. En las calles y carreteras de España la tensión va en aumento. Por un lado, miles de agricultores, con sus tractores y su furia por la precaria situación en que viven, y, por el otro, los agentes antidisturbios españoles, movilizados por el gobierno del socialista Pedro Sánchez para evitar el cierre de arterias vitales e impedir que las movilizaciones de trabajadores dedicados a la agricultura cierren las ciudades del país.

El último saldo de las protestas masivas es de 19 personas detenidas, más de 2 mil 700 identificadas y por tanto susceptibles de ser multadas, además de más de 5 mil a las que se les abrió un expediente administrativo por algún presunto delito o falta. De los enfrentamientos, el Ministerio del Interior informó de un agente de la Guardia Civil herido por el impacto de una piedra.

Las protestas están generando nerviosismo en el gobierno español, que desplegó las fuerzas represivas en algunas zonas donde se ha generado tensión como Valencia, Andalucía Castilla-La Mancha y Extremadura; postura que contrasta con la de los gobiernos autonómicos y municipales, donde los partidos de izquierda, nacionalistas, independentistas y conservadores, en su mayoría apoyan sin fisuras al movimiento agrario.

Denuncias administrativas

El ministerio del Interior confirmó que este jueves se pusieron casi 5 mil denuncias administrativas que deberán pagar multas que oscilan entre 100 y mil euros. Además informaron que los transportistas, uno de los sectores más afectados por las movilizaciones, estiman en 35 millones las pérdidas diarias.

Las protestas de los agricultores de este jornada fueron masivas y multitudinarias, entre otros motivos porque a las marchas con tractores y en las plazas de las ciudades se sumaron las principales organizaciones profesionales mayoritarias en el sector agrario (Asaja, COAG y UPA). Que coinciden en lo principal de las reivindicaciones del movimiento campesino, es decir, en que se flexibilicen las políticas medioambientales de la Unión Europea, como en los acuerdos comerciales con países como México, Mercosur y Chile, entre otros, o que se incluya la obligación de que sus productores cultiven en las mismas condiciones y que se aprueben más ayudas para paliar los efectos de la sequía.

Los agricultores también están preocupados por la muerte lenta de su forma de vida, pues hasta 75 mil autónomos dedicados al campo han desaparecido desde 2021.

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