La reaprehensión de los ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, acusados de delincuencia organizada, obedece a una persecución política desde la Secretaría de Gobernación (SG), aseguraron los abogados de los detenidos, al argumentar que las pruebas se basan en dichos de testigos protegidos que cambiaron su versión a cambio de privilegios otorgados desde la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

Anunciaron que esta semana presentarán una denuncia penal en contra de entre tres y cuatro servidores públicos que se encargaron de integrar esta lamentable investigación en esta nueva etapa del caso que ha sido un cochinero, al igual que a los testigos protegidos por falsedad y delitos contra la administración de la justicia.

Precisaron que la denuncia penal alcanza al fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra. El litigante Alejandro Robledo insistió en que el ex subsecretario Alejandro Encinas tiene pendiente declarar sobre el caso ante un juez federal.

En conferencia, los representantes legales de los militares actualmente detenidos en el Campo Militar número 1, señalaron que las acusaciones por parte del Ministerio Público Federal se basan en las declaraciones de los testigos protegidos Carla y Neto, integrantes de Guerreros Unidos y delincuentes confesos que han cambiado sus versiones de manera innumerable y que además han sido señalados de inventar pruebas y dichos.

Robledo explicó que estas personas apuntan que los acusados presuntamente daban protección al grupo delictivo y cobraban por ello.

Expuso que luego de que Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz salieran de prisión –el 24 de enero pasado– por el beneficio de la libertad condicional que les otorgó la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, misteriosamente y después de la amenaza de la SG de las nuevas órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de la República declaró a los testigos protegidos.

Los abogados demandaron a la juez Duarte Cedillo que dicte el auto de libertad a los militares en la audiencia prevista para hoy destinada a resolver si son sujetos a proceso los ocho militares.

Señalaron que ayer estaba programada una audiencia ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales federales en el estado de México para que el Ministerio Público Federal presentara a sus testigos, pero no pudieron por supuestas razones médicas y otro porque supuestamente no fue localizado.