esde hace unos años, el lenguaje y actitudes cotidianas de los dirigentes de la derecha española responden a una estrategia golpista. Todo es válido si con ello se logra el objetivo, revertir las reformas y los cambios políticos salidos de las urnas y ratificados por el Poder Legislativo. Dicha propuesta no es nueva. Si recurrimos a ejemplos históricos, recuerda la alianza nazifascista Hitler-Mussolini, quienes identificaron a los bolcheviques y la democracia representativa como sus enemigos. Guardando las distancias, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal Conde se han trasformado en clones, atrayendo a su alrededor a los nostálgicos de la España imperial. Ellos no aceptan la derrota en las urnas, sobre todo cuando los votantes no les conceden mayoría absoluta, para hacer y deshacer a voluntad. De esta guisa, el Partido Popular y Vox, recurren a la descalificación, la violencia verbal y amenazan con el uso de la fuerza. Javier Ortega Smith, portavoz en el ayuntamiento de Madrid y Santiago Abascal, en el Congreso, son adalides a la hora de intimidar a sus detractores. Mientras, el Partido Popular llama a la insumisión política, en nombre de la aritmética electoral. Reclaman en las últimas elecciones generales haber sido la lista más votada y, por tanto, el derecho a formar gobierno. Con ese traje, presentaron la candidatura de Núñez Feijóo. El resultado fue una investidura fallida. Su respuesta no deja indiferente. No gobiernan, no porque no quieren y no tienen votos suficientes en el Parlamento, sino por ser víctimas de acuerdos contra natura, entre perdedores. Suma de proetarras, filoterroristas e independentistas manipulados por comunistas que atan al PSOE a sus designios. Por consiguiente, subrayan, dichos pactos corrompen la voluntad general y constituyen un fraude al electorado. Insisten en presentar al gobierno de coalición como ilegítimo, soslayando, conscientemente, el significado de vivir bajo una poliarquía (Robert Dahl). Su desfachatez es mayúscula, si además, entre sus senadores y diputados, hay doctores en ciencia política, sociología o derecho. Parecen desconocer los valores procedimentales de la democracia representativa, cuyo teórico Norberto Bobbio, se estudia en primero de cualquier facultad de ciencias sociales.

Por lo dicho, la deriva política del Partido Popular, les escora hacia el totalitarismo ideológico. Llaman a la insumisión y reivindican el uso de la violencia pacífica diseñada por el teórico de los golpes de Estado blandos Gene Sharp. Podemos decir que el objetivo reivindicado por el Partido Popular y su aliado, Vox, consiste en consumar un golpe blando, con la complicidad de jueces que se suman a la operación. Y ex generales franquistas sedientos de sangre comunista reivindicando un nuevo alzamiento nacional. De esta forma, movilizan a sus acólitos a manifestarse en la calle o en la sede de los partidos políticos del gobierno, bajo lemas como ¡Viva la Unidad de España! ¡España no se vende, se defiende! ¡Sánchez, traidor, defiende a tu nación! ¡Sánchez, tirano, no nos arrodillamos! ¡PSOE, traidor, ni obrero ni español! ¡Sánchez, manipulador, hunde España en el terror! ¡España es una y no 51! ¡Sánchez y sus mentiras, desatan nuestra ira! ¡Catalanes, bandoleros, nos roban el dinero!

En el centro, se agita el fantasma del comunismo. Se trata de bloquear la acción del Poder Legislativo, haciendo imposible la gobernabilidad. De esa manera, las Cortes se verían abocadas a su disolución, convocándose nuevas elecciones, en el sobrentendido de que, Vox y el Partido Popular, tras la campaña de España se rompe, obtendrían una mayoría para formar gobierno. En definitiva, un golpe de Estado blando en toda regla, aderezado con una campaña del miedo zarandeando los males de una inmigración ligada a un aumento de la delincuencia, la ocupación de pisos, la prostitución, las violaciones, el tráfico de drogas, el peligro del terrorismo islámico con la consiguiente disolución de los valores de la cultura occidental.

En este contexto, la estrategia golpista se concentra, primero en definir al gobierno como la suma de partidos antiespañoles, etarras y comunistas, y en segundo lugar, identificar la ley de amnistía promovida por el gobierno de coalición y sus aliados como una traición a la Constitución y el estado de derecho. El actual rechazo a la tramitación de la Ley de Amnistía que afecta a quienes participaron en la votación del 1º de octubre de 2017 en Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia decretada el 23 de marzo de 2018, por Junts per Catalunya sería, para el PP y Vox, la demostración de las debilidades de un gobierno que pacta con terroristas, prófugos de la justicia, cuyo objetivo es destruir España. Ante la traición, sólo cabe al español de bien desconocer el gobierno, provocar una parálisis de las instituciones y convertirse en los salvadores de la patria amenazada. Ellos se sienten los dueños de España y no pueden soportar un gobierno de coalición que les impida gobernar. Al margen quedan las contradicciones de un gobierno que apoya a la OTAN, vende armas a Israel y Marruecos, sigue avalando a Zelenski, se decanta por el cibercapitalismo verde, potencia la educación y la sanidad concertada.