Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como busca la reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuiría a reducir la exposición de México a las vulnerabilidades geopolíticas y a las fluctuaciones en los precios internacionales de la energía, indicaron especialistas.

Una CFE fuerte contribuiría a reducir la exposición de nuestro país a las vulnerabilidades geopolíticas, indicó Arturo Carranza, analista del sector energético.

No obstante, el fortalecimiento no debe darse por la vía legal a través de una reforma constitucional. Si el objetivo es garantizar el acceso universal a la energía eléctrica para todos los mexicanos, el gobierno haría bien en instrumentar, primero, un esquema administrativo dentro de la CFE que le apueste al desarrollo de las habilidades de las y los trabajadores de la empresa.

Comentó que de aprobarse la modificación al artículo 25 constitucional, que busca que la CFE deje de ser una empresa productiva del estado y sea una empresa pública, el derecho mercantil dejaría de prevalecer como pilar que sostiene las decisiones corporativas de la empresa y el derecho público regiría las decisiones que se tomen en la Comisión. De esta forma, por ejemplo, algunas medidas que la CFE está obligada a llevar a cabo actualmente, como la publicación de un informe anual, podrían llegar a su fin.

Señaló que con la reforma al artículo 27 cambiarían dos aspectos relevantes, pues por un lado, se pondría un candado a la posibilidad de que los privados operen las redes eléctricas y por otro se permitiría que la CFE abastezca 54 por ciento de la demanda eléctrica nacional y los privados el 46 por ciento restante.

Sobre la modificación del artículo 28, que busca que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional se establecerían como objetivos específicos la seguridad y la autosuficiencia energética, permitiría al operador del mercado eléctrico mayorista modificar los criterios del despacho de la energía eléctrica para permitir, por ejemplo, que la energía que genera la CFE se suba a las redes eléctricas de transmisión antes que la energía de los privados.

Esto, en otras palabras, relegaría a un segundo plano conceptos como el de la competencia y la libre concurrencia, hoy fundamentales en la operación del mercado eléctrico mayorista.

La idea no está muy adecuada para los momentos que estamos viviendo, porque el problema es que vas a limitar la transición energética, advirtió Ramses Pech, especialista en el sector energético.

Comentó que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que son parte del consejo de administración de las empresas estatales, causaría conflicto de intereses, ya que a la vez tendrían información y decidirían a quien dan permisos.

Desaparecer a los órganos reguladores pone en riesgo al mercado, porque podrás convertirte en juez y parte entonces.

Atraso de cuatro décadas y el fin del T-MEC

Si le otorgan un permiso a la CFE y a otro no se lo dan, entonces puedes caer en un problema de amparos o cuestiones que pueden lacerar el T-MEC, ya que ese tratado se firmó en 2020 bajo las leyes vigentes en ese momento, que era la reforma energética de 2013.

Esto está causando una gran incertidumbre, porque no da certeza, dijo, antes de advertir que peligra la llegada de inversiones al sector energético.

Estamos haciendo muchos cambios en la parte del sector de energía, sobre todo la parte legal. Al final, las empresas se van a tener que adaptar a las leyes que estamos poniendo aquí en México, el inconveniente, es cuántas de esas van a querer arriesgarse y en el dado caso que muchas empresas no decidan venir, vamos a tener un atraso de entre tres y cuatro décadas en nueva tecnología que pueda disminuir la utilización de combustibles fósiles.

El especialista advirtió que en caso de ser aprobada, EU y Canadá pueden dar por terminado el T-MEC en la revisión de 2026 o bien hacerlo en condiciones diferentes.