La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) imputó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Orlando Suárez López, y a Mauricio Moreno Balbuena, director de procesos legales en la misma institución, por haber descongelado ilegalmente 975 cuentas bancarias que fueron aseguradas entre 2014 y 2017 a lavadores de dinero e integrantes del cártel de Sinaloa, a Los Cuinis (fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación) y a gente cercana a Rafael Caro Quintero.

En una audiencia realizada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el Ministerio Público Federal dio a conocer que cuenta con 84 datos de prueba que acreditan que los ex funcionarios aprobaron ilegalmente el descongelamiento de cuentas en las que había más de mil 400 millones de pesos y más de 18 millones de dólares.

Genaro Gerardo Alarcón López, juez de control con sede en el Reclusorio Norte, fue quien encabezó la audiencia en la cual se imputó a Suárez López y a Moreno Balbuena la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público.

En la diligencia, que se desarrolló a través de videoconferencia, comparecieron los imputados y sus abogados Froylán Díaz Martínez y Mauricio Moreno Vargas.

Al iniciar la audiencia, los imputados buscaron que no se les formulara cargos y sus abogados solicitaron la apertura de un incidente de sobreseimiento, ya que en 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) pretendió judicializar el caso y cuando ya estaba programada la audiencia inicial se desistió.

Posteriormente, señaló el defensor de Mauricio Moreno, en 2023 la FGR intentó nuevamente ejercitar acción penal, pero fue hasta este año que la diligencia se llevó a cabo. El juez rechazó los argumentos de la defensa al señalar que no se abrió juicio ni se realizó ninguna audiencia, por lo que era improcedente decretar el sobreseimiento.

Entre 2014 y 2017 la UIF emitió 205 acuerdos mediante los cuales integró a cientos de empresas y ciudadanos a la lista de personas bloqueadas o identificadas como posibles riesgos para el sistema financiero nacional.

En 2018, cuando el titular de la UIF era Alberto Bazbaz Sacal, el número de personas físicas y morales identificados como posibles integrantes de grupos delictivos o como posibles realizadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita o sospechosa llegó a más de mil 800 casos.

En ese mismo año, Bazbaz fue sustituido por Orlando Suárez, quien el 4 de junio emitió un oficio en el cual determinó que se eliminaran de la lista de personas y empresas bloquedas 976 casos; así, con apoyo de Mauricio Moreno Balbuena, se consolidó el retiro de los nombres y se indicó a las instituciones bancarias que los titulares de cuentas y depósitos ya podían movilizar sus recursos.

Con el oficio identificado con la guía 110/E/565/2018 se autorizó la liberación de mil 413 millones 822 mil 177 pesos y 18 millones 889 mil 29 dólares, así como 2 mil 660 euros.

Los representantes de la FEMCC señalaron ante el juez de la causa que hubo un segundo acuerdo, que se emitió el 11 de julio de 2018, con el cual se retiraron otros 10 nombres de la lista de personas bloqueadas.

El próximo domingo el juez Alarcón López definirá si se les decreta vinculación a proceso y las eventuales medidas cautelares en contra de los ex funcionarios.