Residentes de Benito Juárez señalaron que el antimonumento a la corrupción inmobiliaria que colocaron frente a un edificio que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local obtuvo como reparación del daño por ex funcionarios de la alcaldía, fue retirado de la acera de avenida Insurgentes Sur número 1774; sin embargo, anticiparon que continuarán colocando ofrendas en los inmuebles vinculados a carpetas de investigación.

El habitante de Benito Juárez Guillermo Meixueiro dijo que los residentes desconocen qué autoridad ordenó el retiro del antimonumento elaborado con lámina, que tuvo un costo de al menos 3 mil pesos, el cual no obstaculizaba el paso peatonal ni vehicular porque se colocó de manera estratégica para que no estorbara ni afectara los arbustos de la banqueta.

Luego de que un grupo de vecinos colocó el antimonumento el jueves pasado, comentó que posiblemente fue alguien enviado por el PAN o por funcionarios de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, que son intolerantes a la crítica, y por supuesto no quieren que queden en evidencia los hechos de corrupción de los ex funcionarios panistas. Al final nos tratan de limitar nuestra libertad de expresión.

Señaló que solicitarán apoyo del C5 y a los encargados de los establecimientos para tener acceso a las cámaras de videovigilancia particulares ubicadas en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, para conocer quién o quiénes se llevaron el antimonumento, que consistía de una torre con seis inmuebles que parecían desplomarse, y en el que se leía: Edificios chuecos, como los del cártel inmobiliario.

Anticipó que tienen ubicados otros inmuebles en la colonia Narvarte que forman parte de carpetas de investigación, por lo que insistió en que no se trata de persecución política, sino de ilícitos cometidos en las administraciones del PAN.

Mencionó que en Benito Juárez es necesario que exista la alternancia para que se pueda terminar con la corrupción, por lo que, aseveró, seguiremos visibilizando los edificios de la corrupción inmobiliaria.

El inmueble ubicado frente al número 1774, valuado en 10 millones de pesos, fue entregado a la FGJ por los ex funcionarios Nicias Aridjis, ex director general de Obras y Desarrollo Urbano, y Luis Vizcaíno Carmona, ex director general de Jurídico y Gobierno, como reparación del daño, quienes enfrentan procesos penales por el delito de enriquecimiento ilícito.