La escasa presencia de las instituciones del sector ambiental en los territorios forestales ha facilitado el ingreso de los grupos criminales, que además de que se están apropiando del aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera y otros productos forestales, ya tomaron el control de asambleas ejidales y comunales, que son el máximo órgano de toma de decisiones de los núcleos agrarios, advierte el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Señala que a pesar de que el país pierde, según datos oficiales, alrededor de 208 mil hectáreas de bosques y selvas al año, el gobierno federal carece de una estrategia orientada para detener ese proceso destructivo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sólo opera un programa –con escasos recursos– para atacar la tala ilegal, aunque la deforestación no es causada por ésta, sino por el cambio de uso de suelo.

Si se detuviera la deforestación se podría captar el equivalente a unos 30 millones de toneladas de bióxido de carbono, mientras la aplicación de medidas de fomento y fortalecimiento del manejo forestal comunitario permitiría la absorción de 35 millones de toneladas de ese gas, lo cual generaría beneficios económicos superiores a las inversiones en este sector, indica.

México posee más de 137 millones de hectáreas de ecosistemas forestales que incluyen bosques, selvas, manglares, matorrales y otros ecosistemas que, en 2019, absorbieron 201.9 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalentes, es decir, poco más de 27 por ciento de las emisiones totales del país, refiere el análisis del CCMSS.

Agrega que una de las metas, establecida en la Ley General de Cambio Climático, es alcanzar la tasa cero de deforestación para 2030; sin embargo, el gobierno federal ha hecho muy poco para frenar este problema.

Apunta que en los últimos ocho años se han registrado severos recortes presupuestales a los organismos federales encargados del manejo forestal y la conservación de los recursos naturales. La precariedad de las instituciones las ha obligado a recortar personal, con lo que han perdido presencia en los territorios y no pueden dar cumplimiento a sus responsabilidades de fomento, inspección y vigilancia, señala.

Asimismo, añade que el gobierno ya cuenta con 225 áreas naturales protegidas, que abarcan 93.9 millones de hectáreas bajo protección federal, pero el presupuesto disponible equivale a un gasto de 15 pesos por hectárea.