La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión de casi mil personas que pretendían ser supervisores y capacitadores, pero están impedidos por ser militantes de un partido.

La ley indica que los capacitadores y supervisores (quienes a su vez preparan a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla el 2 de junio) no pueden ser integrantes de un partido ni haber participado de manera activa en el año reciente en una campaña electoral.

Según datos del INE, fueron contratados 7 mil 123 supervisores y 42 mil 657 capacitadores, por lo que las personas suspendidas serían un mínimo porcentaje del equipo que ya está en funciones para ubicar y preparar a 1.5 millones de ciudadanos que serán funcionarios en las 170 mil casillas que se instalarán el 2 de junio en todo el país.

“Hasta el momento, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) puede concluir que en un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sin que ello implique pronunciarse a priori sobre el fondo del asunto, existen elementos que apuntan a que 921 personas que forman parte de esta propuesta, entonces aspirantes a ocupar cargos electorales, sí consintieron de forma previa su inscripción como militantes de partidos políticos.

En todos los casos que se analizan existen cédulas originales de afiliación aportadas por los partidos señalados como responsables o bien cédulas electrónicas previamente avaladas por la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen firma autógrafa de los ciudadanos y fotografías de la credencial para votar y su firma, indica el proyecto presentado por Hugo Patlán, encargado de despacho de la UTCE.

Por tanto, se propuso dictar medidas cautelares para que sean dados de baja y se les impida participar en estos cargos.

El consejero Arturo Castillo mencionó que las 921 personas (agrupadas en 89 expedientes) están relacionadas, en conjunto, con casi todos los partidos políticos, es decir, no se trata de uno en particular.

Claudia Zavala, presidenta de la comisión, señaló que el asunto está relacionado con una orden del consejo general para vigilar el cumplimiento de los requisitos para ser supervisor o capacitador electoral.

Precisó que continuará el estudio de fondo para detectar y sancionar afiliaciones partidistas indebidas, sin el consentimiento de los ciudadanos.