rácticamente no hay un día en el que algunos integrantes del Poder Judicial no abusen de sus atribuciones para fomentar la impunidad, sabotear el desarrollo económico, favorecer intereses oligárquicos, practicar el tráfico de influencias, solapar la violencia de género, frustrar la voluntad popular, poner en libertad a delincuentes peligrosos, entre muchas otras maneras de dañar a México.

Ante los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir la ley y aumentar la recaudación en beneficio de todos los habitantes sin subir ni crear impuestos, el Poder Judicial se ha convertido en el gran valedor de los evasores fiscales. No puede olvidarse que, el 24 de noviembre de 2022, nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que no se puede sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados por delitos fiscales como contrabando, defraudación y uso de facturas falsas, pues éstos no constituyen una conducta de delincuencia organizada. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue más lejos al puntualizar que constitucionalmente sólo puede tipificarse como delincuencia organizada la conducta ilícita que tiene como objetivo desestabilizar al estado de derecho. Con dicha sentencia, la mayoría del máximo tribunal quitó al Estado facultades para perseguir a los defraudadores y entregó una auténtica patente de corso a los criminales de cuello blanco.

La SCJN ha ido más lejos en su cruzada para debilitar las finanzas públicas y complacer a los dueños de grandes capitales. Un criterio de su primera sala (a la que está adscrito el citado Gutiérrez Ortiz Mena) habilitó a empresas y personas a hacer del litigio contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) un instrumento para generar rendimientos excesivos de los montos que deben a la Federación. Por dicho criterio, el país debe pagar a estos parásitos del erario no sólo las contribuciones que ellos se rehúsan a pagar, sino además los intereses causados desde la fecha en que el contribuyente realizó los pagos, independientemente de que se hubiera interpuesto un juicio administrativo y hubiera perdido en alguna de las etapas. Como dichos intereses se calculan a tasas superiores a las que pagan los productos de inversión de la banca, empresarios y particulares carentes de escrúpulos litigan con el único propósito de succionar a México los recursos que tanto se necesitan para programas sociales, infraestructura, y cumplimiento de derechos humanos como la educación, la salud o la vivienda. Es tan escandaloso el uso que se ha dado al criterio antinacional de la SCJN, que actualmente se encuentra en juzgados 61 por ciento de todos los adeudos fiscales, un monto que equivale a 15 por ciento del presupuesto público de este año. El SAT ya interpuso un estudio de contradicción de tesis ante el máximo tribunal, pero el dictamen se encuentra en manos del ministro Gutiérrez, quien podría convertir el criterio en una política de aplicación generalizada, con la cual se abre la puerta a que el Estado, en vez de recaudar impuestos, mantenga a una clase capitalista parasitaria.

Es lamentable que la Suprema Corte le ponga el pie al país cuando están dadas todas las condiciones para impulsar el bienestar de las mayorías. Esta semana se divulgó una serie de datos que pone de manifiesto el buen momento de la economía nacional: 60 por ciento de los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han conseguido trabajo, el consumo privado repuntó 0.7 por ciento mensual en noviembre pasado, la inversión fija bruta (el gasto de las empresas en maquinaria, equipo de transporte y construcción) creció 21.4 por ciento entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023, y el PIB turístico creció 2.8 por ciento en el tercer trimestre de 2023. De acuerdo con el Inegi, la recuperación de la actividad turística se dio por impulso de los viajeros nacionales, otro dato que habla de la robustez del mercado interno. Incluso las empresas calificadoras, sistemáticamente adversas a los gobiernos de corte progresista, reconocen la solidez de la economía mexicana y el buen manejo de las finanzas pública: Standard & Poor’s mantuvo su calificación de la deuda de México, ratificó la solvencia del Estado para cubrirla, y pronosticó que la estabilidad macroeconómica continuará al menos los próximos dos años; mientras el banco de inversión Barclays indicó que las elecciones presidenciales de 2024 no plantean riesgos de subida o bajada de calificación del débito soberano.

Resulta inevitable preguntarse cuántos avances se habrían logrado si un Poder Judicial determinado a defender el expolio de las arcas públicas por parte de potentados apátridas, cuyo modelo de negocio consiste en estafar a México, no privara a la Federación de recursos que casi cuadriplican el gasto social total de 2023.