Ante el giro que ha tomado el caso Colosio al identificar la Fiscalía General de la República a un segundo tirador, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que fue un asunto de Estado que dañó mucho al país, por lo cual su gobierno no puede dar carpetazo. Aseveró que las implicaciones que se desprenden de sostener que fue sólo un asesino solitario a la posibilidad de que hayan sido dos son muy diferentes, más si está involucrada una institución del Estado.

López Obrador dio respuesta también a la petición del hijo de Luis Donaldo Colosio de indultar a Mario Aburto, el asesino de su padre: me pide que yo indulte. Quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. No voy a dar un carpetazo a un asunto así.

Difundió y leyó textualmente el comunicado de la FGR en el que se anticipa que objetarán la decisión del juzgado de desechar la investigación sobre el segundo tirador, con particular énfasis en las referencias al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde laboraba el segundo tirador y el posible vínculo con Genaro García Luna.

El llamado segundo tirador “fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G. –yo supongo que es García Luna, acotó el Ejecutivo–, quien era subdirector operativo en el propio Cisen”.

Resaltó que este personaje, de acuerdo con la investigación de la FGR, quien va a rescatarlo es García Luna, pues trabajaba en el Cisen, según la FGR, afirmó el Presidente, y subrayó que todo esto se registró durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Enfatizó que el entorno a la investigación no es cualquier cosa, incluido la diversidad de criterios sobre la legislación que debe aplicar en torno a Aburto, que le permitiría salir en el corto plazo.

Recordó que la defensa reclama que debió juzgársele bajo el Código Penal de Baja California, lo que supondría una sentencia máxima de 30 años (que estaría por cumplirse en marzo), o el Código Penal Federal, que implicaría una pena muy superior, pero eso será una decisión que adopte el Poder Judicial.

López Obrador consideró que como se trata de un crimen que dañó mucho al país, y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad, o sea, aquí sí aplica la no repetición, que esto es gravísimo, pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva.

Después de una larga alusión a la situación del caso Colosio, aseguró que no pretende aprovecharse de una situacíón tan lamentable con propósitos políticos o politiqueros pero es importante que no haya impunidad.