Puebla, Pue., Desde 2014, cuando el servicio de agua potable en la capital de Puebla y su zona conurbada se privatizó, durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle (2011-2017), hay un creciente malestar por las deficiencias y abusos de la empresa Concesiones Integrales, encargada del suministro.

De acuerdo con una investigación del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en 2019 dicha compañía cobró a los usuarios más de 308 millones de pesos por distribuir el líquido; no obstante, sus clientes debieron erogar 374 millones de pesos para pagar pipas que llevaran agua a sus casas y negocios.

Actualmente, Concesiones Integrales cobra una cuota mensual fija por toma de uso doméstico, según la zona donde se ubique, que varía de 151.87 a mil 368.62 pesos. También aplica una tarifa fija por uso comercial, que va de 150.94 a 3 mil 487 pesos. De usar medidor, el cobro es de 4.57 pesos por cada 15 metros cúbicos consumidos.

David Pérez, investigador del Instituto de Ciencias de la (BUAP), expuso en su tesis doctoral que los poblanos gastan 12 veces más en pipas y agua embotellada que lo que pagan en tarifas a Concesiones Integrales, lo que refleja deficiencias en el servicio que la firma ofrece.

En su texto el académico indica que en 2019 los más de 500 mil usuarios de agua potable en la ciudad de Puebla y la región metropolitana destinaron 3 mil 697.63 millones de pesos a comprar agua embotellada y en pipas, y pagaron 308.27 millones de pesos a Concesiones Integrales.

Mientras, la Colectiva por el Bienestar Social encabezó una demanda contra la concesionaria, que desde 2014 cobra por saneamiento de aguas residuales, a pesar de que sus plantas tratadoras están paralizadas, lo que ha incrementado la contaminación en ríos. Por eso la agrupación exige que se devuelva el dinero a los usuarios y se revierta la privatización del servicio.

La organización argumenta que Concesiones Integrales no ha hecho las inversiones anuales en infraestructura hidráulica, a lo cual se comprometió, y unas 265 mil personas se quedan sin servicio en la capital poblana cada año.

En 2018, cuando Martha Érika Alonso (esposa de Moreno Valle) hizo campaña por la gubernatura, la entonces candidata del Partido Acción Nacional sostuvo que no era viable desprivatizar el servicio, porque implicaría el pago de una penalización de 3 mil millones de pesos. Sin embargo, no se ha comprobado que esa sanción esté en el contrato.

El ex gobernador morenista Luis Miguel Barbosa (2019-2022) tampoco revirtió la privatización y durante su gestión el Congreso local aprobó una ley que permitió cortar el servicio de agua por adeudos.

Quiebra a la vista

Francisco Castillo, ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, aseguró que la deuda histórica de ese organismo y de Concesiones Integrales asciende a más de 5 mil millones de pesos. Advirtió que la situación financiera de la empresa es insostenible, que podría irse de Puebla –previa indemnización– y los ciudadanos pagarán el quebranto.