No tienen inmunidad, determinan jueces
El fallo permite devolver el asunto a primera instancia para revisar a fondo la acusación contra siete empresas
Martes 23 de enero de 2024, p. 4
Nueva York y Washington., Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, en Massachusetts, determinó hoy que el gobierno de México puede proceder con su demanda contra siete armeras estadunidenses a las que acusa de fabricar y distribuir armas en Estados Unidos que saben serán exportadas ilegalmente a México, donde contribuyen directamente a la violencia.
Los armeros han argumentado que la llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que otorga amplia inmunidad legal a fabricantes, distribuidores y vendedores de armas en Estados Unidos, los protege de esta demanda presentada por México y con ello habían logrado frenar este proceso en un tribunal distrital en el que primero fue presentado este caso [https://www.jornada.com.mx/notas/ 2022/03/15/politica/armeros-de-eu-nuestra-ley-nos-protege-de-las-acusaciones-de-mexico/].
Sin embargo, los jueces de la corte de apelaciones señalaron en su fallo emitido ayer que la PLCAA no aplica a acciones ilegales y que esa ley contiene varias excepciones. Una de ellas, argumentan, es una acción en donde un fabricante o vendedor de un producto conscientemente violó un estatuto estatal o federal aplicable a la venta o comercialización del mismo y la violación fue causa próxima del daño por el cual se busca reparación
a través de una demanda como ésta.
Los tres jueces, en su argumento de unas 60 cuartillas, señalan que el gobierno mexicano acusa que las armeras están conscientes de las maneras en que su distribución y comercialización facilita traslados ilegales de armas a México. Resumiendo la posición del gobierno mexicano, los jueces afirman que los aspectos de los negocios de los acusados que facilitan el tráfico no son consecuencias desafortunadas y no intencionadas de un negocio legal. Más bien, son el resultado de los esfuerzos afirmativos y deliberados de los acusados para crear y mantener un mercado ilícito para sus armas en México
. Y agregan, al continuar con su resumen de la posición mexicana, que la motivación detrás de esto es el dinero. México calcula que los acusados reciben de manera colectiva más de 170 millones de dólares al año por la venta de armas traficadas a México
[https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/politica/003n1pol].
El fallo de los jueces en principio tiene el efecto de devolver el asunto al tribunal distrital para proceder con el argumento de México de que los armeros están facilitando ventas ilegales que causan daños severos al otro lado de la frontera. Por lo tanto, revertimos el fallo del tribunal distrital de que el PLCAA prohíbe las acusaciones de México
y ordenan que siga adelante el caso.
Sin embargo, se puede esperar que las armeras apelen en el pleno de la corte y no se puede descartar que si no logran anular el caso ahí, lo lleven a la Suprema Corte de Estados Unidos.
Muy serias alegaciones
Jonathan Lowy, abogado para el gobierno de México en este tema y experto en el PLCAA comentó en entrevista con La Jornada que la corte acertó, el gobierno de México tiene derecho a presentar su caso ante un tribunal. Ha hecho alegaciones muy serias y tiene la intención de comprobarlas. Están solicitando el derecho de presentar esta evidencia ante un juez y un jurado
.
Lowy, quien también es presidente de Global Action on Gun Violence, señaló que México presentó esta demanda para evitar el flujo criminal de armas que son traficadas a través de la frontera. Si México es exitoso en esto, se beneficiaráal pueblo mexicano, como también alpueblo de Estados Unidos
.
Interrogado sobre qué sigue, Lowy dijo que no voy a especular sobre lo que harán los acusados. Pero yo espero que estaremos de regreso en el juicio ante el tribunal de distrito para comprobar nuestro caso
.
México presentó su demanda civil contra empresas fabricantes de armas y un distribuidor en Estados Unidos el 4 de agosto de 2021 ante el tribunal distrital en Massachusetts.