La investigación del caso Ayotzinapa va en franco retroceso por la decisión de encubrir a los militares involucrados en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a lo que se suma el desmantelamiento de la fiscalía especial para este caso, advirtió el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

El titular del Ejecutivo dio un golpe de timón con el objetivo de limpiar la imagen del Ejército, señaló la agrupación en referencia a la liberación de ocho militares por decisión de la jueza del juzgado segundo de procesos penales federales del estado de México.

La organización civil que acompaña a los padres de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, subrayó el riesgo de fuga de los miembros del Ejército, a quienes se acusa de omisión en el delito de desaparición forzada, así como por su vinculación con el grupo Guerreros Unidos. Es una acusación grave por la cual podrían alcanzar sentencias elevadas.

Además, resaltó Tlachinollan, los inculpados poseen información del caso, la cual podrían destruir o alterar para obstaculizar seriamente el proceso. Por eso, no debieron ser liberados.

Al respecto, Amnistía Internacional consideró que la decisión de liberar a los militares vulnera el derecho de las familias de las víctimas en su acceso a la justicia y la verdad.

La resolución judicial crea condiciones para que la impunidad sobre graves violaciones a los derechos humanos se profundice, indicó en un mensaje en redes sociales.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan consideró que el fiscal para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, carece de independencia, está más al servicio del Poder Ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, como la extradición de Tomás Zerón.

Tampoco ha abordado la línea sobre el paradero de los 17 jóvenes detenidos ni hay avances para la localización y extradición de Ulises Bernabé, ex director del centro de detención de barandilla en Iguala, quien también es señalado como presunto responsable y es testigo clave para el esclarecimiento del caso, pero está asilado en Estados Unidos.

Añadió que Gómez Piedra está más enfocado en atender los requerimientos del Presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus seis informes.

Sobre la participación de los militares, la organización civil de la Montaña de Guerrero destacó que también se encontró información de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, pero su omisión para actuar favoreció la desaparición de los 43 jóvenes.

Por estas y un cúmulo de irregularidades, afirmó Tlachinollan, estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando se cancelaron 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Sólo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al Ejército siguen vigentes en la 4T.